Tras la aprobación de una polémica ley de amnistía, el Gobierno de Nicaragua liberó este lunes a 50 opositores detenidos por participar en las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
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El Ministerio de Gobernación informó en un comunicado que, en cumplimiento de la nueva norma, que entró en vigor este lunes, puso "en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública, y continúa preparando la liberación de presos por estos delitos".
Los liberados fueron entregados a sus familiares con un acta en la que se lee: "Ha sido puesto en libertad por la ley de Amnistía".
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) informó en un comunicado que estuvo presente durante la liberación en horas de la madrugada y reiteró "su disposición para facilitar la liberación" de las restantes personas privadas de libertad.
El sábado, el Parlamento, de mayoría oficialista, aprobó la cuestionada ley de amnistía que concede perdón "a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir de abril de 2018 hasta la fecha".
No obstante, organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas rechazan la nueva normativa porque evita que los responsables de la muerte o represión de sus parientes sean juzgados.
Nada que perdonar
Liliam Ruiz, dirigente del Comité de Familiares de Presos Políticos, manifestó su desacuerdo con que los opositores fueran liberados bajo una ley de amnistía, ya que "eso significa perdón, y el gobierno no tiene nada que perdonarles, porque no han cometido ningún delito".
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Entre los liberados figuran dos de cuatro jóvenes condenados a más de 20 años de cárcel por su supuesto papel en el asesinato del familiar de un alto funcionario allegado al presidente Ortega, tras casi un año de prisión.
El 27 de febrero pasado, el gobierno comenzó a aplicar detención domiciliaria a los opositores presos, una medida que benefició a 386 personas.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que fue interlocutora del gobierno en una mesa de diálogo, rechazó la amnistía promovida.
La ACJD alega que esta "es una ley de impunidad que pretende proteger los crímenes cometidos a través de sus instituciones, estructuras partidarias y paramilitares".
El gobierno de Ortega se había comprometido en las negociaciones con la ACJD a liberar a los presos.
*Con información de AFP
