Una Sala revocó el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Ministerio Público (MP) y la entidad mercantil Novaservicios S.A., en el caso de supuesto financiamiento electoral ilícito del partido FCN-Nación.
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Empresarios procesados en este caso accionaron para dejar sin efecto tal convenio y la Sala Segunda de Mayor Riesgo resolvió a su favor.
En ese sentido, la jueza de Mayor Riesgo D, a cargo del proceso penal, le dio cumplimiento este lunes a la resolución.
La Fiscalía contó con la colaboración de Paulina Paiz y Olga de Figueroa, integrantes de la empresa Novaservicios, para realizar las investigaciones que evidenciaron posibles irregularidades en el manejo de fondos del partido político.
De acuerdo con las pesquisas, la agrupación Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) habría utilizado para su campaña de 2015 cerca de Q15 millones provenientes de fuentes ilícitas.
Según la Fiscalía de Delitos Electorales, parte del dinero se destinó al pago de fiscales de mesa de FCN-Nación para la primera y segunda de comicios.
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Entregan pruebas
Al salir a la luz las posibles ilegalidades, las empresarias y Novaservicios se presentaron de manera voluntaria ante las autoridades para compartir la información que les constaba sobre lo ocurrido.
Dieron a conocer cómo se gestionó la recepción de fondos de parte de diferentes empresarios para apoyar a la organización política.
Las colaboradoras eficaces brindaron su testimonio y aportaron los elementos de prueba que respaldaban la información.
Cierre del proceso
El proceso contra Paiz y Méndez fue cerrado en marzo pasado, luego de que cumplieran con la reparación digna al Estado que se les impuso en el marco del convenio con la Fiscalía, que ascendía a Q343 mil.
Para que se resolviera de esa manera, ambas hicieron constar ante el Juzgado de Mayor Riesgo D que también cumplieron con brindar cursos a otros empresarios para que conozcan sobre el delito de financiamiento electoral ilícito y eviten incurrir en este.
Además, la empresa Novaservicios, vinculada a las colaboradoras eficaces, también canceló la reparación digna que consistía en Q2.3 millones.
