La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó su informe preliminar con relación a las elecciones generales en Guatemala, llevados a cabo el domingo 16 de junio.
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En una conferencia de prensa ofrecida este martes, se dio a conocer que fueron desplegados 84 observadores y especialistas de 23 nacionalidades en los 22 departamentos del país.
Estas personas tuvieron presencia en los diferentes centros de votación desde el momento en que se abrieron las puertas, hasta que concluyó el escrutinio.
Luis Guillermo Solís, jefe de la misión, explicó que los resultados que se han divulgado por parte de las instancias oficiales son coincidentes con los que la misión ha recopilado.
“Por lo tanto, en opinión de la misión no hubo fraude electoral”, expresó.
Dijo que ciertamente hay situaciones que deben ser investigadas y atendidas por los órganos correspondientes, pero que los observadores consideran que los resultados reflejan la realidad de lo que ocurrió el domingo.
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“Creemos que los resultados tal y como han sido reportado, y que serán ratificados por medio de la revisión de boletas físicas, son los que son”, agregó Solís.
Según el conteo de votos, que hasta ahora avanza en un 97 por ciento, los presidenciables Sandra Torres y Alejandro Giammattei obtuvieron la mayoría de votos e irían al balotaje, programado para el 11 de agosto.
Diferentes opiniones se han dado con relación a estos resultados preliminares, incluso el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), por medio de su candidata presidencial, Thelma Cabrera, señaló un posible fraude y mencionó diversas irregularidades.
Hallazgos
El jefe de la misión de la OEA destacó entre los hallazgos del antes, durante y después de los comicios, la “judicialización de la política”.
Acerca de esto dijo que existió incertidumbre y falta de certeza sobre los procesos electorales, tomando en cuenta que ya iniciada la campaña electoral o incluso a pocos días de que se realizara la votación, se revocaron candidaturas.
Señaló que en la resolución de algunas causas, las entidades nacionales consideraron que la existencia de investigaciones de carácter administrativo o penal era motivo suficiente para no permitir la participación de algunos aspirantes.
Otro aspecto tomado en cuenta para que ciertas personas quedaran fuera de la contienda electoral fue la falta de finiquito emitido por la Contraloría General de Cuentas.
Asimismo, se aplicó el artículo 113 de la Constitución Política de la República, relacionado con que los aspirantes a cargos públicos sean personas idóneas y honradas.
Y hubo casos en donde se aplicó la nueva normativa que penaliza el transfuguismo.
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Solís señaló que diversos sectores manifestaron su preocupación por no haber uniformidad en los fallos judiciales, específicamente aplicados a temas electorales.
En ese sentido, la misión de la OEA consideró que esta situación, además de inyectar incertidumbre y tensión a la campaña, generó cuestionamientos a la autoridad electoral y sobrecarga de trabajo, pues incluso fue necesario reimprimir millones de papeletas.
La situación de denegatoria de inscripción de las candidaturas, o bien sus revocatorias, afectó a cinco binomios presidenciales que fueron inhabilitados. Además a aspirantes a distintos cargos públicos.
Solís destacó los casos de las excandidatas presidenciales Zury Ríos y Thelma Aldana, que estaban “bien situadas” en las encuestas; sin embargo, no pudieron participar porque sus candidaturas fueron revocadas.
Violencia electoral
Los observadores de la OEA también se refirió a la conflictividad que marcó el desarrollo de las elecciones en algunos puntos del país, que incluso obligó a suspender las votaciones en San Jorge, Zacapa.
De acuerdo con Solís, diversos actores manifestaron a la misión su preocupación por el contexto de violencia en que se llevó a cabo el proceso electoral.
El informe contabilizó cuatro ataques violentos que afectaron a candidatos y alcaldes en funciones.
Y también refiere que se dieron nueve asesinatos de actores políticos en el período preelectoral.
De igual forma, el documento recoge la amenaza pública hecha por exmilitares de posiblemente boicotear los comicios, situación que la misión de la OEA rechazó de manera enérgica.
También se mencionó dentro del aspecto de violencia electoral que representantes de partidos políticos y periodistas fueron víctimas de amenazas y mensajes de odio que incitaban a la violencia, situaciones que se profundizaron en los casos de mujeres.
Otro punto que los observadores calificaron como inaceptable fue la situación del jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Oscar Schaad, quien tuvo que salir del país y retirarse del cargo temporalmente tras recibir amenazas.
La misión de Observación Electoral de la OEA informó que emitirá un informe final después de que concluya la segunda vuelta electoral.
