La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) dio a conocer que ya concluyó sus labores la Misión Internacional para la Observación de las Elecciones de Magistrados de Salas y de Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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Tras cinco días de trabajo, los observadores elaboraron un informe en el que critican las acciones del presidente Jimmy Morales y se refieren a que la referida elección se lleva a cabo en un clima de violencia e inseguridad.
Por medio de un comunicado, la CIJ resaltó el papel de las y los jueces, que con sus resoluciones imparciales e independientes, han rescatado en los últimos años el Estado de Derecho en Guatemala.
“Por ello, estos funcionarios públicos han sido objeto de presiones, campañas de difamación y hasta amenazas”, refiere el documento.
En ese marco menciona que incluso el mandatario Morales, “con total falta de respeto hacia ellos”, los calificó como “terroristas judiciales”.
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A criterio de la CIJ, ese pronunciamiento es un ejemplo de intromisión indebida del poder Ejecutivo en el poder Judicial.
Acerca de CICIG
Otro aspecto que refiere la CIJ es que mientras persiste el clima violento y los índices de impunidad van en aumento, el presidente Morales paradójicamente anunció que no prorrogaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
La CIJ recordó en el informe que la Fiscalía guatemalteca, con apoyo de la CICIG, ha investigado diferentes casos, entre estos los relacionados con las comisiones de postulación para la elección de funcionarios de justicia.
Mencionó los casos “Comisiones Paralelas” y “Bufete de la Impunidad”.
“Estos han demostrado cómo opera en las comisiones de postulación, y posteriormente en el Congreso de la República, el tráfico de influencias para lograr al final la selección de magistrados por motivos indebidos, que actuarán parcializados y sin independencia”, expuso.
Llamado a la no repetición
Por aparte, la Comisión Internacional de Juristas señaló la importancia de que esos casos que han salido a la luz sean vistos como lo que no debe repetirse.
En ese sentido hizo un llamado al sector académico, profesional y de justicia que integran las comisiones de postulación, para que apliquen criterios éticos y jurídicos rigurosos.
También a que pongan énfasis en la definición de los perfiles de los candidatos y la tabla de gradación para su evaluación.
