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CICIG ratifica antejuicio contra ministro de Economía, Acisclo Valladares

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ratificó este lunes el antejuicio contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares.

Los delegados de la entidad internacional se presentaron a la sede del Congreso para exponer sus argumentos ante la comisión pesquisidora que conoce el expediente relacionado con la petición para que se le retire la inmunidad al funcionario.

Valladares es señalado en el caso “Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado”.

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Según el Ministerio Público (MP) y la CICIG, habría cometido los delitos de asociación ilícita y cohecho activo.

En la reunión de este día, los representantes de la comisión aseguraron que existen indicios que demuestran que cuando Valladares era un “alto ejecutivo” de una empresa de telefonía, habría coordinado la entrega de sobornos a diputados.

A cambio de esas supuestas dádivas, los legisladores habrían apoyado la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones Móviles en centros de privación de libertad y fortalecimiento de la infraestructura para transmisión de datos.

Como parte de la ratificación, la CICIG expuso otra serie de decretos y acuerdos que presumiblemente fueron aprobados sobornando a diputados.

Mencionó entre estos el de la creación del Ministerio de Desarrollo Social, el de la elección de integrantes de Cortes de justicia, elección de juntas directivas del congreso y la designación de las presidencias de comisiones legislativas.

También mencionó entre las acciones donde se habrían dado irregularidades y la elección del excontralor General de Cuentas, Carlos Mencos.

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Investigación

El caso “Subordinación del poder Legislativo al Ejecutivo, una expresión de la captura del Estado” fue presentado por el MP y la CICIG en mayo pasado.

En este están vinculados siete diputados y el actual ministro de Economía, contra quienes se presentaron solicitudes de antejuicio.

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Aparentemente hubo un intercambio de dinero en el Congreso a cambio de manejar las voluntades de los legisladores para beneficiar a ciertos sectores.

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