El excandidato presidencial, Luis Fernando Pérez Martínez, implicado en el caso “Asalto al Ministerio de Salud Pública”, se puso a disposición de la justicia este lunes.
El sindicado se presentó al Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, en donde se tiene previsto llevar a cabo la audiencia de primera declaración de los otros 19 implicados en el caso.
Pérez tenía una orden de captura vigente desde inicios de julio, la cual se hizo efectiva en la Torre de Tribunales.
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De acuerdo con el Ministerio Público y la CICIG, habría cometido los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias, lavado de dinero, fraude y cohecho activo.
Pérez Martínez fue electo como diputado en el 2008 y en 2011, en donde integró las comisiones de Derechos Humanos y Finanzas.
Además, participó como aspirante a la Presidencia de la República en el proceso electoral de 2015 con el Partido Republicano Institucional (PRI).
Señalamientos
Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre los años 2012 y 2014 operó una red criminal en el Ministerio de Salud.
Aparentemente habría iniciado a funcionar a partir del nombramiento del exministro Jorge Villavicencio, actualmente detenido por corrupción.
Las pesquisas determinaron que el grupo delictivo, encabezado por el exfuncionario, su hija Cándida Villavicencio y Pérez Martínez, habría hecho una “exploración” en la cartera para establecer qué tipo de “negocios” se podrían implementar.
Entonces se determinaron tres actividades específicas:
- Cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
- Cobro de comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios.
- Contratación de 450 plazas “fantasma” o correspondientes a favores políticos.
Los integrantes de la familia Villavicencio junto con el excandidato presidencial habrían seleccionado y ubicado “individuos afines a la organización en puestos claves y de alto nivel”.
Además, fueron quienes fijaron el porcentaje que recibiría cada integrante de la estructura como resultado de los cobros ilegales.
Los tres supuestos cabecillas de la organización criminal supuestamente se beneficiaron con Q12 millones, destaca la investigación de la Fiscalía.