El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, dio a conocer detalles de la negociación y firma del Acuerdo de Cooperación Respecto al Examen de Solicitudes de Protección entre Guatemala y Estados Unidos.
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El funcionario aseguró que con este tratado, Guatemala como aliado y socio de EE. UU., está ayudando a la nación norteamericana a “cerrar un área gris en su ley migratoria”, relacionada con las personas que solicitan medidas de protección al arribar a la frontera sur.
"Es un convenio de cooperación, no es de tercer país seguro. La explicación es muy sencilla: esa definición de tercer país seguro no existe en la descripción del convenio del estatuto de refugio del cual Guatemala es miembro", expuso.
Asimismo, refirió que ese término es la forma coloquial como los países que tienen ese tipo de convenios particulares la definen, como es el caso de Europa y de Estados Unidos con Canadá.
Destacó que el convenio está específicamente enfocado en la atención a ciudadanos originarios de Honduras y El Salvador, quienes serán trasladadas hacia territorio guatemalteco mientras se lleva a cabo el trámite de solicitudes de protección en EE. UU.
Cada uno de esos extranjeros podrá requerir, si así lo desea, una medida de protección en Guatemala, pero no es algo generalizado, pues según el ministro, de haber querido hacerlo sería en el momento en el que pasaron inicialmente en el territorio nacional, con rumbo a EE. UU.
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Los centroamericanos serán trasladados desde el país norteamericano hacia Guatemala utilizando un mecanismo y procedimiento específico.
Y según el ministro de la cartera del Interior, el Gobierno no va a erogar dinero alguno para la aplicación de este proyecto en particular.
Por aparte, Degenhart aseguró que “es totalmente falso que Guatemala se esté convirtiendo en un campo de concentración, como algunas personas lo han dicho”.
Agregó que Guatemala tampoco se está convirtiendo en cárcel, pues los migrantes tendrán libre movilidad en el territorio nacional y no estarán restringidos a un lugar en particular.
Sin embargo, aclaró que la oficina administrativa encargada del seguimiento de los procesos de protección tiene un protocolo en donde los solicitantes deben reportarse de manera regular.
Restricciones
“El plan de implementación que está en proceso de análisis y desarrollo es el que va a definir las reglas del juego de tal proceso, en donde Guatemala, por ejemplo, definió y aplicó restricciones acerca de a quiénes no se va a recibir en el país”, añadió Degenhart.
Entre quienes no podrán ser trasladados a Guatemala mencionó: menores no acompañados, mujeres embarazadas en el tercer trimestre, criminales o personas que hayan cometido delitos en EE. UU.
Tampoco se recibirán personas con necesidades o capacidades especiales. “Todas las personas que tengan alguna enfermedad que no les permita desarrollarse adecuadamente, no serán enviadas a Guatemala”, reiteró.
El funcionario expuso además que el convenio tiene una vigencia de dos años y tendrá una evaluación trimestral, a través de la cual se irán haciendo las modificaciones y adaptaciones de forma bilateral, de acuerdo a lo que se vaya definiendo en su momento.
Responsabiliza a quienes se oponen
Degenhart dijo que Guatemala no fue coaccionada a firmar absolutamente nada, sino que es una cuestión de entender cuáles son las relaciones con los aliados.
El funcionario destacó que el efecto de no suscribir el convenio hubiera sido “nefasto” para el país, pues se habrían aplicado restricciones económicas y políticas.
Mencionó que el 50% del total de las exportaciones el área agrícola de Guatemala van hacia Estados Unidos, por consiguiente tener aranceles en este rubro le hubiera costado la fuente de ingresos a probablemente más de un millón de guatemaltecos.
“Si a eso le agregamos el hecho de que las remesas también iban a ser afectadas, estamos hablando de afectar el bolsillo de millones de guatemaltecos que hoy dependen de los ingresos que sus familiares les envían de manera frecuente desde EE. UU.”, añadió.
También habló del riesgo de que se prohibiera viajar a Estados Unidos, lo que a su criterio, hubiera puesto a Guatemala a nivel de países que definitivamente no son aliados ni socios comerciales de dicho país.
“Es importante que la población guatemalteca entienda que el Ejecutivo está velando por proteger que estos alcances no se den”, manifestó.
Y refirió que quienes han presentado acciones en las cortes de justicia para frenar las negociaciones y la firma del convenio migratorio son las responsables de cualquier efecto negativo que se pueda tener para el país.
“Tengan mucho cuidado señores que están bloqueando este proceso. Pueden afectar directamente a millones de guatemaltecos que mañana los harán a ustedes directamente responsables. No pierdan de vista que la responsabilidad la tienen ustedes”, puntualizó.
