La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó este miércoles 7 de agosto el informe “Servicio civil en Guatemala: La necesidad de una burocracia estable en el Estado”, en el cual se señala el manejo y uso indebido de las plazas laborales en el sector público.
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María Alejandra Morales, integrante de la CICIG, indicó que las investigaciones que se realizaron con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) demostraron que los funcionarios utilizaron como “moneda de cambio” los puestos de trabajo de las entidades que dirigían.
Morales citó tres casos penales con los cuales se describe la referida afirmación:
- Plazas fantasma en el Congreso de la República.
- RIC: Una caja de pagos.
- Estado como botín: Registro General de la Propiedad.
“Muchos malos funcionarios han utilizado los contratos con el Estado para pagar favores y esa dinámica perversa ha resultado en una prestación deficiente de los servicios públicos, que ha sido evidente para los ciudadanos”, destacó.
Morales aseguró que deben presentarse propuestas para limitar la formación de focos de corrupción relacionados con los bienes y recursos del Estado, y, especialmente, con los puestos de trabajo.
Concluyó al indicar que el fortalecimiento del servicio civil ocurriría como resultado de las reformas en las leyes referentes a la materia.
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Legislación
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Luis Fernández Molina, expositor en el evento, destacó que la Ley del Servicio Civil data de 1968, 24 años después de que se creó el Código de Trabajo.
“Ambas son de distintas épocas. La Ley del Servicio Civil está adaptada a las condiciones del momento”, dijo.
Agregó que dichas normativas no son iguales porque:
- El Código de Trabajo busca defender a los trabajadores.
- Mientras que la Ley del Servicio Civil indica quiénes son aptos para ocupar un puesto de trabajo en el sector público.
