La excandidata a la presidencia por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, envió su pasaporte al Juzgado de Mayor Riesgo A, en donde se conoce el expediente por el caso "Financiamiento electoral ilícito UNE".
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El documento fue entregado en el referido despacho judicial por el abogado Marco Vinicio Salvatierra Larios, quien acompañó la cartilla con un memorial.
Agregó que en el memorial la excandidata a la primera magistratura se pone a disposición de la justicia guatemalteca y que pide ser citada, en el caso de que se determine que debe comparecer ante la jueza Claudette Domínguez.
Según el memorial, la máxima dirigente de la UNE señala que:
"Por convenir a mis intereses, vengo por este medio a solicitar que de hoy en adelante se tenga como mi abogado defensor al licenciado Marco Vinicio Salvatierra Larios, quien sustituirá al abogado que hasta la presente fecha lo venía haciendo".
También se hizo mención de los hechos por los cuales el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron el retiro de su inmunidad como candidata a un cargo público y el trámite que se dio a esas gestiones.
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- Se solicitó el retiro del derecho de antejuicio, pero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la solicitud de manera in límine.
- El MP y la CICIG accionaron para que esa decisión sea revocada y revertida.
- Que con la publicación de los resultados oficiales de la segunda ronda de la elección presidencial, Torres dejará de tener el derecho de inmunidad.
Así pidió que:
"Se me programe audiencia, día y hora, y se me cite para rendir mi primera declaración en este juzgado, como se ha hecho con otros procesados, solicitud que hago con fundamento al derecho de igualdad".
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El caso contra Torres
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) pidió al Organismo Judicial que se retirara el derecho de antejuicio en contra de Torres, cuatro diputados y dos alcaldes.
Dichas gestiones fueron realizadas en febrero.
Se presume que en 2015 la UNE habría recibido recursos financieros para realizar la campaña electoral, los cuales no cumplieron con los controles señalados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
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