Poco más de 14 meses han transcurrido desde la erupción del volcán de Fuego, que provocó la muerte de más de 200 personas que residían principalmente en San Miguel Los Lotes,
en el departamento de Escuintla.
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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) dio a conocer que este año se retomarán las labores de búsqueda de las personas que desaparecieron durante la erupción del volcán de Fuego. Sin embargo, por el momento se desconoce la fecha en la cual podría retomarse dicho proceso.
En un comunicado, la referida entidad detalla que en junio de este año trasladó a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) el primer desembolso por Q3,773,286.80, lo cual ha permitido que se desarrollen procesos de planificación, contratación de personal y entrevistas con familias afectadas por la erupción, entre otros.
Este año, pero sin fecha
La Conred hizo un llamado a la población para evitar especulaciones, ya que al momento de iniciar con los trabajos de búsqueda en el lugar habrá un pronunciamiento oficial para informar de dicho procedimiento.
Por el momento, la FAFG se encuentra en un proceso de licitación en Guatecompras para el alquiler de maquinaria que le servirá de apoyo para el trabajo de campo que se espera en el corto plazo.
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El segundo desembolso, de Q1,226,713.20, se realizará en septiembre en función de los avances del proyecto, tal como está estipulado en un convenio firmado entre dicha entidad y la Conred.
En fases
Para el desarrollo de las posibles exhumaciones ya se ha estipulado el proceso a seguir.
En la fase uno se establecerá la identidad de las víctimas a localizar en el área, mientras que en la fase dos se hará el trabajo de búsqueda y recuperación de cuerpos. En una tercera etapa se hará el traslado de muestras de laboratorio para hacer estudios de genética y establecer la identidad de las víctimas localizadas.
La Conred además señala que la ejecución administrativa y operativa del proyecto en su totalidad se encuentra a cargo de la FAFG, la cual periódicamente traslada informes ejecutivos que permiten velar por la ejecución transparente de las operaciones, tal como se establece en el Plan Operativo Anual (POA) del proyecto.
