Para este lunes está programado que el Tribunal Décimo Tercero de Sentencia Penal dicte la sentencia contra los 25 acusados en el caso Botín Registro de la Propiedad, entre quienes figuran Samuel Morales y José Manuel Morales, familiares del presidente Jimmy Morales.
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“Sammy” es señalado de lavado de dinero y fraude, mientras que el hijo del mandatario es sindicado de fraude en forma continuada.
La audiencia está programada para las 10:00 horas y se realizará en la sala de mayor capacidad del Organismo Judicial, conocida como la “megasala”.
Al ingresar al lugar y antes de que se conociera el veredicto de los jueces, Samuel Morales insistió insiste en que los señalamientos en su contra son administrativos y no penales.
“Es un proceso completamente administrativo. Desde septiembre de 2016 se habló de fraccionamiento de compra, que es una infracción administrativa del funcionario público, que se resuelve con sanción económica administrativa, impuesta por la Contraloría General de Cuentas”, dijo.
Además, al ser cuestionado acerca de lo que espera en esta fase final del juicio en su contra, expresó: “Que la verdad nos haga libres, como he dicho siempre”.
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Asimismo, el hermano del gobernante mencionó que debe revisarse este caso en materia de derechos humanos, específicamente con base en el estatuto de la Corte Penal Internacional.
“(Deben) revisar el artículo 7 y verificar que la tortura psicológica, económica, la prisión indebida y preventiva es catalogado como delito de lesa humanidad”, aseguró.
A la espera de conocer el fallo
Entre los señalados en el caso Botín Registro de la Propiedad también se encuentran José Manuel Morales, hijo del presidente, quien prefirió no brindar declaraciones a los medios de comunicación al ingresar a la “megasala”.
De igual forma, permaneció en silencio la extitular del Registro General de la Propiedad, Anabella de León, durante cuya gestión se habrían cometido una serie de actos irregulares que permitieron la sustracción de fondos públicos.
Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se simuló la realización de eventos, que fueron pagados, pero no ejecutados. También se detectaron posibles plazas “fantasma”.
