Ante la posibilidad de que los comunitarios de Laguna Larga, Petén, realizaran algún tipo de manifestación frente a Casa Presidencial para exigir tierras, este viernes se mantuvo cerrado el paso en el perímetro.
Desde tempranas horas se observó la presencia de agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y de la Policía Nacional Civil sobre la 6ª avenida de la zona 1. Sin embargo, no se reportaron movilizaciones en el área.
Solamente se presentaron representantes legales de la comunidad quienes buscaban entregar un memorial en la Vicepresidencia para aclarar que los pobladores no han desistido de sus demandas de tierras agrícolas.
Agentes policiales no les permitieron ingresar a las oficinas, pues aseguraron que tenían instrucciones de no dejar pasar a ninguna persona. Y les indicaron que los representantes de esa dependencia estarían llegando a recibir el documento a la puerta.
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Niegan que hayan desistido
Edgar Pérez, director del bufete jurídico de derechos humanos y asesor de la comunidad Laguna Larga, explicó que decidieron remitir el memorial luego de que el vicepresidente Jafeth Cabrera asegurara que supuestamente habían desistido de la demanda.
Dijo que el funcionario aseguró el martes que tras esa decisión de los pobladores había un remanente en el Ejecutivo de Q25 millones, fondos que entonces fueron destinados para atender las peticiones de los pobladores de Cajolá, Quetzaltenango, que también buscan que se les otorguen tierras.
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Caso en proceso
De acuerdo con Yuri Arana, secretario de Asuntos Agrarios, se le está dando seguimiento al caso de los pobladores de la comunidad Laguna Larga, municipio de San Andrés, Petén, para buscar una solución.
Esto en seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2017 para proteger la vida e integridad de las 450 personas agrupadas en aproximadamente 111 familias.
Los afectados son pertenecientes a los pueblos indígenas maya Q’eqchi, Chuj, así como campesinos y población mestiza.
Habrían sido forzados a desplazarse hacia la comunidad El Desengaño, perteneciente al municipio de Candelaria, estado de Campeche, México, y se encontrarían viviendo a la intemperie en carpas de acampar y “champas” en una zona rural en la franja fronteriza entre Guatemala y México.