La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció ante la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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En su mensaje, Bachelet pide al Estado de Guatemala que cumpla con varias garantías.
“Ante la salida de CICIG, quisiera recordar la necesidad de preservar y salvaguardar estos avances”, destacó.
Asimismo, reitera la importancia de la obligación del Estado de garantizar la protección de fiscales, juezas y jueces, magistrados y magistrados, para que desarrollen su función de manera independiente e imparcial.
Así como garantizar un entorno adecuado para la labor de abogados, defensores de derechos humanos, la institución nacional de derechos humanos y del procurador, líderes comunitarios, periodistas y actores que son parte de la lucha contra la impunidad y corrupción.
"Quisiera expresar mi respeto y admiración por las labores llevadas a cabo por CICIG y por su equipo de trabajo, los cuales han permitido avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país", expresó la alta comisionada.
Continuo apoyo
Bachelet indicó que ha trabajado, en el marco de su mandato, con sectores de justicia y sociedad civil.
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Por lo que reiteró el compromiso de la Oficina en Guatemala para continuar brindando asesoría y asistencia técnica al Estado y la sociedad civil, con el objetivo de apoyar los esfuerzos hacia el fortalecimiento de un sistema de justicia independiente, efectivo e imparcial, así como en la protección y promoción de los derechos humanos en el país.
Finaliza mandato
Una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala llega a su fin este martes 3 de septiembre, con el fin del mandato de la CICIG, una comisión de la ONU que llegó a acusar a sectores considerados intocables y provocó la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez.
La CICIG termina su mandato tras 12 años de funcionamiento luego de que el presidente Jimmy Morales revirtiera su promesa de pedir una ampliación hasta 2021.
La salida de la Cicig deja una situación de incertidumbre sobre la continuidad de investigaciones de alto impacto y el ataque a la raíz de la corrupción.
Eleonora Muralles, presidenta de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), dijo que la salida de la Cicig responde a "presiones de los sectores oscuros", aludiendo a grupos de poder que se vieron amenazados por la misión.
"Se investigó a estos poderes que antes eran ocultos y ahora ya se desenmascararon, pertenecientes a élites económicas que aquí era prohibido tocarlos. Entonces quieren revertir lo que se ha trabajado o que ya no salgan más casos", agregó la activista.
