El gobierno de Jimmy Morales decretó estado de sitio en Izabal y varios municipios de departamentos aledaños, derivado de los hechos de violencia en contra de elementos del Ejército de Guatemala. Sin embargo, la medida no es compartida por todos.
Por medio de su muro de Facebook el abogado constitucionalista Carlos Bezares explicó que las restricciones impuestas por la administración de Morales demuestran la incapacidad del Estado de mantener el control del territorio.
"El estado de sitio es una restricción de las garantías constitucionales previo al estado de guerra, su uso es el reconocimiento del Estado de haber fracasado absolutamente en materia del Ius Imperium (–expresión del latín que significa– orden público) restringiendo las garantías constitucionales para su restablecimiento".
Aunque el profesional reconoció la gravedad de los hechos por los cuales se justificó dicha medida.
"Es lamentable lo que ocurre en El Estor. La muerte de cualquier ciudadano es lamentable y condenable de eso no cabe duda".
Bezares también reflexiona acerca del área en la cual surgió el conflicto y el control que se busca tener en una amplia región.
"Me parece extraño que el conflicto haya surgido en una aldea y se quiera imponer un estado de sitio en cinco departamentos y 22 municipios y que estos sean de alta conflictividad agraria y social y como corolario las comunidades del Estor tengan este conflicto con la minera de níquel".
En tanto, el analista Marvin Flores expuso por la misma red social que podría haber otros intereses que tomar el control de la región:
"Por qué estado de sitio en municipios a cientos de kilómetros de El Estor. Simple: Cahabón, Alta Verapaz (Hidroelectrica Oxec III a punto de iniciar operaciones); Purulha, Baja Verapaz (Hidroelectrica Monte Bello sobre el río Matanzas). San Agustín y San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso; Gualán, Teculután y Usumatlán, Zacapa (Extracción de jade y madera de la Sierra de las Minas y La Montaña Las Granadinas, se oponen comunitarios de la aldea La Trementina, entre otros)".
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Alcances del estado de sitio
Según el acuerdo gubernativo 1-2019, el uso de la fuerza pública se ejercerá en:
- Todo el departamento de Izabal.
- Tactic, Tamahú, Tucurú, Panzós, Senahú, Santa María Cahabón, Santa Catarina La Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas, de Alta Verapaz.
- Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán, de Zacapa.
- San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán, de El Progreso.
- Purulhá, en Baja Verapaz.
La medida durará 30 días desde el pasado miércoles 4 de septiembre, y se restringirán derechos como:
- Libertad de acción.
- Detención legal.
- Interrogatorio a detenidos y presos.
- Libertad de locomoción.
- Derecho de reunión y manifestación.
- Tenencia de armas de fuego.
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