Fuertes medidas de seguridad se desarrollaron este sábado 7 de septiembre en cercanías del Congreso de la República, derivado de la sesión extraordinaria en la cual se conocería el tercer debate el estado de sitio que se decretó para el oriente y nororiente del país.
Activistas de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil fueron convocados para manifestar en el palacio legislativo, con la intención demostrar el rechazo al acuerdo gubernativo 1-2019.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad pública cerraron las calles y avenidas que conducían hacia las instalaciones del Organismo Legislativo (OL).
Decenas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) formaron vallas humanas para impedir el paso de los manifestantes.
También se utilizaron barreras de metal.
El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, lamentó la situación debido a que de esa manera se vulneró el derecho de libre manifestación y de libre emisión del pensamiento de los inconformes.
Por medio de la cuenta oficial de Twitter de la oficina del magistrado de Conciencia se informó al director general de la PNC que la Constitución Política de la República de Guatemala indica que nadie tiene la obligación de cumplir órdenes ilegales.
También se indicó por la referida plataforma que la PNC solicitó la presencia de delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para verificar que la situación se desarrollara con orden.
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Congreso intentó conocer asunto como urgencia nacional
El decreto gubernativo 1-2019 fue emitido el pasado miércoles 4 de septiembre, un día después de la muerte violenta de tres soldados en El Estor, en Izabal.
Álvaro Arzú Escobar, presidente del Congreso, citó a los diputados para el jueves 5 de septiembre, para conocer como iniciativa de ley el documento que decretaba estado de sitio en el oriente y nororiente del país.
La intención del congresista era que se conociera como urgencia nacional el estado de sitio, pero no contaba con los 105 votos que se requerían para darle esa calidad al tema.
De esa cuenta, los parlamentarios debieron darle el trámite de una iniciativa de ley común, la cual se promulga después de tres debates, la discusión por artículos y redacción final.
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