El desempeño de las Salas de Apelaciones del ramo penal durante el período 2014-2019 fue analizado por la organización Impunity Watch.
Los resultados del análisis forman parte del estudio denominado: “Cortes en juego: el desempeño de las Salas de Apelaciones de Guatemala”.
Una de las conclusiones de esta investigación es que las salas tardan en promedio 267 días en resolver las apelaciones, seis veces más del plazo que establece la ley. Una situación similar ocurre con los amparos, tramitados en un promedio de 169 días, es decir siete veces más del plazo legal.
De acuerdo con este estudio, el 97 por ciento de las acciones contra las sentencias de los tribunales son resueltas sin la celebración de audiencias orales y públicas.
Esto viola el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece la publicidad, oralidad e inmediación de las resoluciones judiciales, se señaló.
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No solo las salas, también la Supervisión
Con la investigación también se determinó que la Supervisión General de Tribunales y la Junta Disciplinaria Judicial únicamente le dan trámite al 17 por ciento de las denuncias contra los magistrados que integran las salas de Apelaciones. El resto son archivadas.
Las sanciones impuestas a los magistrados que cometen faltas también fueron motivo de análisis en este estudio.
Una de las conclusiones establece que las amonestaciones no corresponden con la gravedad de los hechos que motivaron la denuncia.
“Algunos magistrados que cometieron faltas gravísimas como recibir dinero o dádivas de una de las partes en el proceso fueron sancionados con amonestaciones escritas, en lugar de ser suspendidos o destituidos”, asegura el estudio.
Otro factor analizado fue la calidad de las resoluciones de los magistradas. Varias de esta se limitan a dejar sin efecto la resolución impugnada y ordenan al juez de primera instancia corregir el acto reclamado.
De esa cuenta se deja sin realizar un análisis integral del proceso para confirmar, revocar, corregir o reformar la resolución emitida por el juez de primera instancia.
Uno de los capítulos de este estudio también aborda el proceso por medio del que se eligen a los magistrados, el mismo que actualmente está en marcha.
En esta parte de la investigación se señala que Guatemala es uno de los pocos países de América Latina en el que sus magistrados de salas de Apelaciones son electos por los diputados, luego de que una comisión de postulación establece una nómina final de aspirantes.
“…pone en riesgo la independencia judicial y provoca grandes retrasos en la tramitación de los procesos judiciales porque cada cinco años se renuevan completamente”, concluye este informe.
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