"Fue un martes, 11 de septiembre de 1990. Mi mamá salió de su oficina, fue acuchillada y murió en la calle", así fue como la diputada electa Lucrecia Hernández Mack describió lo que le ocurrió a su mamá, la antropóloga Myrna Mack, hace 29 años.
En su muro de Facebook, la profesional de la medicina y diputada para el período 2020-2024, manifestó que su progenitora no tuvo vínculos con los grupos contrainsurgentes que combatieron en contra del Ejército de Guatemala durante los 36 años de conflicto armado que se vivió en el país.
"No fue una guerrillera que murió en combate, sólo era una antropóloga trabajando con la población desplazada por las masacres que cometió el ejército en el área rural del país. Tenía 40 años".
Internautas manifestaron su apoyo Hernández Mack por medio de mensajes con los cuales le motivaban a seguir los pasos de su mamá, en beneficio de las comunidades.
En tanto, un grupo de activistas de derechos humanos, encabezados por los dirigentes de la Fundación Myrna Mack, realizaron un homenaje a la antropóloga en la 12 calle y 12 avenida de la zona 1, frente al inmueble en el cual la profesional fue ultimada.
Helen Mack, directora de la referida organización, dijo:
"Ella nos sigue convocando y nos sigue inspirando para estas luchas que ella hizo desde un principio".
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El caso Mack
Mack fue ultimada en la noche del 11 de septiembre de 1990. El agresor le causó 12 heridas con un arma cortante.
El crimen ocurrió 44 días antes de que la víctima celebrara su cumpleaños 41.
Fundó y trabajó en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso), entidad para la cual realizó estudios e investigaciones relacionados con los desplazamientos de comunidades durante la década de 1980.
Varios de sus informes concluyeron en que dichas acciones fueron motivadas por agresiones de las fuerzas del Ejército de Guatemala en contra de poblados que eran considerados como aliados de la guerrilla.
Por la muerte de Mack fue condenado a 25 años de prisión el sargento especialista Noel de Jesús Beteta Álvarez.
Con posterioridad fueron procesados como autores intelectuales del crimen los militares Edgar Augusto Godoy Gaitán, jefe del Estado Mayor Presidencial; el coronel Juan Valencia Osorio, jefe del Departamento de Seguridad Presidencial; y el coronel Juan Guillermo Oliva Carrera, quien se encontraba al mando de Valencia Osorio.
Solo Valencia Osorio fue sentenciado a cumplir 30 años de prisión.
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