Como un retroceso de 20 años califica la investigadora Marisol Garcés la disminución de la tasa de cobertura escolar de 2% porcentuales desde 2013 y le incremento de la pobreza extrema debido a la eliminación de los programas de cohesión social y otras acciones que se venían trabajando desde 2004.
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Garcés de la de la organización Heinrich Böll Stiftung, junto a Alianzas Américas y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) realizaron el foro “Políticas de Estado y migración forzada: los desafíos para el gobierno entrante en Guatemala” debido a las caravanas de personas que buscan mejores condiciones.
La investigadora explicó que en el caso de Guatemala las políticas públicas no benefician a la mayoría, el desmantelamiento de la Policía Nacional Civil, la militarización y la desarticulación de la investigación criminal pueden incidir en que la emigración irregular no se detenga.
De acuerdo con Garcés la pobreza y extrema pobreza se habían mantenido sin movimiento desde 2000, pero con la decisión del gobierno de Otto Pérez Molina la pobreza en poblaciones indígenas paso de 54.7% a 79.2%, y la extrema pobreza saltó de 13.3% a 23.4%, por lo que en total la pobreza se incrementó de 40.4% a 59.3.
Otro de los datos que también afectó la reducción de programas escolares y transferencias condicionadas afectó que menos niños y adolescentes siguieran estudiando, por lo que preocupa que se reviertan los pocos avances que se habían logrado en diferentes aspectos.
Garcés comentó de la propuesta del Plan para la Alianza para la Prosperidad no se evidenciaron resultados positivos, sino que la emigración irregular continuó en departamentos del occidente.
Retos para nuevo gobierno
Las organizaciones civiles coincidieron que las autoridades electas deben lograr que las políticas públicas deben ser reforzadas en educación, dinamizar el campo y fomentar el empleo en la población juvenil, aunque el sector empresarial realice acciones el Estado no debe abandonar sus funciones que se establecen en la Constitución.
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Además, debe retomarse e impulsarse las reformas constitucionales y fiscal para mejorar las condiciones democráticas.
Mientras que Hazel Contreras de Alianza Américas indicó estar preocupada porque los gobiernos de los países del Triángulo del Norte son muy complacientes con el gobierno de Estados Unidos, pero no se pronuncian por los derechos humanos de los migrantes que son detenidos en la frontera sur estadounidense.
Contreras lamentó que aunque a finales de 2018 se firmó el pacto mundial de migración, pero como no son vinculantes los funcionarios no dan seguimiento para su cumplimiento.
