Durante casi un mes la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, analizará si liga a proceso penal a la excandidata a la presidencia por el partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.
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La juzgadora programó para el miércoles 16 de octubre dictar la resolución acerca de si Torres enfrentará a la justicia, como lo pidió el Ministerio Público (MP), o si volverá a su vida normal por el cierre de la investigación en su contra.
La sospechosa es señalada por el MP por los delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita dentro del caso que se identifica como “Financiamiento UNE”.
Durante la jornada la jueza escuchó a los abogados defensores de la señalada, quienes pidieron que se declare la falta de mérito a los cargos que el órgano encargado de la persecución penal imputó.
Eduardo Velásquez se refirió al financiamiento electoral no registrado y dijo que en 2015, cuando habrían ocurrido los hechos, no estaba vigente el delito. Agregó que la ley no es retroactiva a excepción de los casos en que se beneficie al reo.
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De esa cuenta pidió que se declare la falta de acción del MP para intervenir por dicho ilícito.
También se pronunció el abogado Vinicio Salvatierra, quien expuso los argumentos de descargo por el delito de asociación ilícita.
El profesional del derecho dijo que Torres no se asoció con una estructura criminal, sino con un partido político que es una entidad regulada por la legislación nacional.
Salvatierra también destacó que la Fiscalía presentó más de 300 indicios en el caso, pero aseguró que solo cinco tendrían relación con la excandidata, y que entre esos existen documentos para determinar su identidad.
Antecedentes
Según las investigaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la UNE habría recibido cerca de Q27.7 millones de manera irregular, pues el dinero ingresó a la agrupación sin pasar por los controles que impuso el Tribunal Supremo Electoral.
De esa cifra, Torres habría conocido de por lo menos el ingreso de Q5 millones.