El Tribunal Supremo español dio luz verde este martes a la decisión del gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez (PSOE) de exhumar los restos de Francisco Franco de su monumental mausoleo en las afueras de Madrid a pesar del rechazo de los descendientes del dictador.
Seis magistrados de la más alta instancia judicial del país decidieron "por unanimidad desestimar en su totalidad el recurso interpuesto por los familiares de Francisco Franco", señaló el tribunal en un escueto comunicado.
"Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guió siempre la acción del Gobierno", aseguró Pedro Sánchez en Twitter.
Según el jefe de gobierno, la decisión no solo avala la retirada de sus restos del mausoleo del Valle de los Caídos, sino también la decisión gubernamental de reinhumarlos junto a su esposa en el discreto cementerio de El Pardo, en el norte de Madrid.
En declaraciones a la prensa, su número dos Carmen Calvo aseguró que su gobierno "ejecutará la sentencia (…) cuanto antes, mejor".
Aun así, la exhumación no será inmediata porque el mismo tribunal tiene otros tres recursos pendientes de resolver aunque es previsible que el fallo vaya "en la misma línea", dijo una fuente del Supremo.
Además, el abogado de la familia anunció nuevos recursos ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
"La decisión de mis clientes (…) es dar la batalla por dignidad hasta el final", dijo Felipe Utrera Molina a la televisión pública TVE.
Proyecto estrella de Sánchez
Desde su llegada al poder en junio de 2018, el socialdemócrata Pedro Sánchez convirtió la exhumación de los restos del dictador en una de las prioridades de su mandato para que el conocido como Valle de los Caídos dejara de ser un lugar de enaltecimiento del franquismo.
Ideado por el mismo 'Caudillo', el complejo consiste en una basílica horadada en el flanco de una montaña (en la sierra del Guadarrama) y coronada por una cruz de 150 metros de altura.
En su interior, frente al altar, está la tumba del dictador, habitualmente cubierta de flores frescas, junto a la del fundador del partido de inspiración fascista español La Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Este martes, algunos nostálgicos asistían a una misa celebrada en la basílica: "He venido expresamente a despedirme de Franco por si se lo llevan", reconocía Mariano Zafra, de 56 años.
Aunque Sánchez quería solventar la exhumación en pocos meses, las múltiples acciones judiciales lanzadas por los descendientes del dictador alteraron sus planes. En junio, el Supremo suspendió la exhumación prevista ese mes para estudiar el recurso ahora desestimado.
Y todavía quedan tres por resolver, presentados por la Fundación Nacional Francisco Franco, que defiende su "memoria", por la comunidad benedictina que administra el mausoleo y por una asociación de defensa del mausoleo.
La familia quería que los restos del dictador reposaran junto a los de su hija en la cripta de la catedral de la Almudena, pero el gobierno se opuso para no convertir este céntrico templo de Madrid en un lugar de enaltecimiento del franquismo.
Construido por presos políticos
Vencedor de la Guerra Civil (1936-1939) como el líder de los militares que se sublevaron contra la República, Franco dirigió España hasta su muerte.
En 1941 inició la construcción de este mausoleo en San Lorenzo de El Escorial, a 50 km de Madrid, con la participación forzosa de miles de presos políticos.
En nombre de una pretendida "reconciliación" nacional, Franco trasladó allí los restos de más de 30,000 víctimas del conflicto, tanto sublevados como republicanos sacados de cementerios o fosas comunes sin informar a sus familias.
Días después de su muerte el 20 de noviembre de 1975, el cadáver embalsamado del dictador fue inhumado con todos los honores y la presencia de su sucesor, el rey Juan Carlos.
La decisión del Tribunal Supremo llega en plena precampaña electoral, a mes y medio de las legislativas del 10 de noviembre convocadas tras cinco meses de bloqueo político en el país.
La medida del gobierno viene avalada por el Congreso que en 2017 aprobó con amplia mayoría (198 de 350) la exhumación del dictador.