Acción Ciudadana presentó un amparo contra el Congreso de la República por la aprobación para crear una comisión que investigará la CICIG.
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Eddie Cux, presidente de la organización, acudió este miércoles a la Corte de Constitucionalidad (CC) para plantear la acción.
El Organismo Legislativo aprobó ayer la integración de una comisión específica para verificar lo actuado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) durante sus 12 años de labor.
Sin embargo, Cux detalló que los diputados no tienen ningún tipo de facultad para investigar y recabar información, por lo cual consideró que esto va en contra de los principios y normas constitucionales y legales.
“La persecución penal es única para el Ministerio Público y también el control de la jurisdicción de todas las investigaciones es por parte del Organismo Judicial”, resaltó.
De igual forma, el presidente de Acción Ciudadana recordó que las pesquisas que realizó la CICIG y la documentación que pudo haber emitido lo hizo en el marco del convenio por medio del cual fue creada.
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En este se establecen prerrogativas, incluso confidencialidad de algunos documentos, añadió.
“En esa base estamos presentando un amparo, pues consideramos totalmente aberrante lo que está sucediendo en el Congreso, ya que afecta directamente a esa división de poderes que en teoría tiene que existir y que constitucionalmente está establecida”, manifestó el entrevistado.
Contradicciones
Cux añadió que existen contradicciones en la misma redacción del acuerdo aprobado por el Congreso para establecer la referida comisión.
“En algunos artículos menciona que no pueden perseguir, pero en otros hablan de solicitar extradiciones, pedir documentos e incluso solicitar información a otros gobiernos acerca del personal que trabajó en la CICIG”, dijo.
Por ello manifestó su preocupación, ya que podría hacer cierto revanchismo y esto estaría incluso afectando a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Concluyó señalando que se deberá esperar para conocer qué reacciones tendrá la fiscal general, Consuelo Porras, respecto a amenazas de la independencia de la institución.
