Varias posturas en contra se dieron a conocer por el favoritismo que contiene la normativa conocida como “ley ganadera”.
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La alianza legislativa, liderada por la bancada oficial, apoyó la propuesta del diputado Marco Aurelio Pineda, que de acuerdo con la Cámara de Comercio puede generar un agujero fiscal de más de Q1 mil millones.
Además, los diputados obviaron el dictamen técnico de la Superintendencia de Administración Tributaria para avalar dicha normativa.
Algunos extitulares de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y empresarios consideran que es inconstitucional.
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Miguel Gutiérrez, jefe de la SAT en 2012, señaló que la nueva ley viola el principio de equidad lo establecido en la Constitución, como en leyes tributarias.
Gutiérrez comentó que si un contribuyente tiene ingresos de Q2 millones, pero no pertence al sector agropecuario, pagaría más que una persona en ese sector.
“Ese problema sucede cuando se hacen normas a la medida de intereses determinados sin el apoyo técnico de la SAT, por lo que se comenten esos errores”, agregó Gutiérrez.
Mientras que Briz exhortó a defender la igualdad ante la ley, pues la legislación de Simplificación contempla un régimen especial, en el que los contribuyentes con ventas de Q3 millones al año pagarían un impuesto de 4%, lo cual es menor a lo que pagan los pequeños contribuyentes.
Violación a la Constitución
El exsuperintendente Juan Francisco Solórzano Foppa expuso que esa ley violenta los principios de equidad y justicia tributaria, que se mencionan en el artículo 239 constitucional.
Además, agregó que la Corte de Constitucionalidad explicó que las tasas impositivas diferenciadas perjudican esos principios.
Por aparte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señaló que con esa normativa se pone en riesgo la sostenibilidad fiscal porque provocaría pérdidas en ingresos tributarios, lo cual es la fuente principal del presupuesto.
“Tiene defectos técnicos”, análisis de Mario Estuardo Archila
La nueva ley incorpora artículos que ya fueron incluidos en el Decreto 4-2019, como la factura electrónica. Además, tiene defectos técnicos y es poco justificable, por lo que debería ser inconstitucional, pues crea un régimen con tasas inferiores para negocios de mayor magnitud, por lo que debería ser un régimen al que cualquier contribuyente pueda optar. A la vez, se crea una amnistía penal para casos de defraudación tributaria en trámite. Y modifica la procedencia de las rectificaciones y pagos sobre presunciones con tarifas beneficiosas y más benignas que para quien ya cumplió, lo cual puede ser injusto y desincentiva a las personas que sí cumplen con sus obligaciones tributarias.
