El Gobierno amplió por 30 días el plazo de vigencia del estado de Sitio en 22 municipios del nororiente del país, en donde se han localizado plantaciones de hoja de coca y narcolaboratorios.
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Por medio del decreto gubernativo número 2-2019 de la Presidencia de la República, que fue publicado este miércoles 2 de octubre en el Diario de Centro América, se oficializó la decisión.
Según la publicación, esto se da tomando en cuenta que en esas regiones se ha manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado.
Asimismo, afectan a las personas y familias y pone en riesgo la vida, libertad, justicia, seguridad, paz, desarrollo integral y patrimonial de los habitantes, cita el documento.
El estado de Sitio en Izabal y municipios de Alta Verapaz, Zacapa, El Progreso, Baja Verapaz y Petén fue decretado inicialmente el 4 de septiembre, luego de que tres soldados murieran tras ser emboscada una patrulla militar en El Estor.
El decreto detalla que se busca ampliar esta medida en las referidas regiones tomando en cuenta que a la fecha persisten las circunstancias que motivaron la emisión de esta medida.
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Estado de Sitio
Mientras se ha mantenido el estado de Sitio, las fuerzas de seguridad y castrenses han realizado una serie de verificaciones en esas regiones.
Como resultado se han erradicado al menos 1.5 millones de plantaciones de hoja de coca y se han desmantelado cuatro narcolaboratorios, con capacidad para producir droga valorada en hasta 800 millones de dólares en un período de siete años.
El presidente Jimmy Morales resaltó el pasado lunes los logros obtenidos hasta ahora durante el estado de Sitio en el nororiente del país, y señaló que estaba en análisis el poder ampliarlo.
Justificó la decisión indicando que aún hay áreas en donde es necesario realizar rastreos, pues se tiene información de que posiblemente se realizan actividades ilícitas.
Este estado de Sitio concluía el viernes 4 de septiembre, pero el Gobierno lo prorrogó por un mes más, aunque el Congreso deberá ratificar tal ampliación.
En esa ocasión, el mandatario incluso hizo un llamado a instituciones públicas, entre ellas el Ministerio Público, para que investiguen la posible existencia de alguna relación entre grupos sociales y el narcotráfico.
