La supuesta entrega de Q30 millones del Ministerio de Gobernación a la CICIG provocó dudas, por lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), encargado de recibir las donaciones para el funcionamiento de la Comisión, aclaró sobre el tema.
Una de las razones para crear la comisión específica del Congreso para intentar investigar a la CICIG fue un presunto traslado de fondos públicos por el Ministerio de Gobernación.
“En el marco del Fondo Fiduciario establecido en apoyo a la CICIG para recibir todas las contribuciones de donantes que aportaron a la gestión de la Comisión confirmamos que nunca fueron recibidos recursos provenientes del presupuesto anual”, respondió el PNUD.
Según los cinco integrantes de la comisión específica, en 2008 el gobierno debía trasladar ese monto a la CICIG, pero el PNUD confirmó que no fue así.
Evaden notificación
La comisión específica del Congreso intentó continuar ayer las audiencias para escuchar a familiares de personas involucradas en casos de corrupción.
De acuerdo con comunicación social del Legislativo fue porque no había sido notificada, pero algunos empleados comentaron que se había ordenado no recibir la notificación sobre el fallo provisional de la Corte de Constitucionalidad que suspendía lo actuado por dicha comisión.
Entre las personas que se presentaron ayer a la comisión específica fueron familiares de los hermanos Valdés Paiz, caso que fue archivado por orden del juez Mynor Moto.
Decisión que tuvo que ser rectificada por el diputado Juan Ramón Lau, que tuvo que leer la resolución después, pero solo hubo un cambio de congresistas aduciendo que lo harán como legisladores.
Buscarán otras opciones
- Los opositores de la CICIG no se quedarán tranquilos comentaron unos diputados, pues dijeron que sus colegas intentarán plantear otra iniciativa en contra de la CICIG, pero aún buscan apoyo.
“Incurren en tergiversar la información”, análisis de Álvaro Montenegro, de Justicia Ya
Los diputados incurren una vez más en tergiversar la información para desacreditar el trabajo de la CICIG y buscan una justificación para seguir con el show que es para deslegitimar el trabajo que ha sido impulsado por personas investigadas y con solicitud de antejuicio, lo cual muestra un conflicto de interés. Además, el Ministerio Público, como amparista, puede investigar si se comete desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por los congresistas y podría considerarse proceder penalmente.
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