Ecuador enfrenta una jornada de máxima tensión por el paro general y la gran protesta programadas para este miércoles, en rechazo al aumento al precio de los combustibles.
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El presidente Lenín Moreno abrió la puerta del diálogo con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, tras una nueva jornada de caos que incluyó el breve asalto a la desocupada sede del Parlamento, cuyas actividades habían sido suspendidas desde temprano.
"Ya hemos tenido los acercamientos respectivos; hemos conversado con algunos de sus dirigentes", dijo el mandatario, en la víspera de la gran marcha indígena sobre Quito.
Sin embargo, la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) no da su brazo a torcer.
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Miles de sus militantes se concentraban en la capital, antes de sumar fuerzas con sindicatos y estudiantes en rechazo a la eliminación de los subsidios de los combustibles, dispuesta por el gobierno el pasado 2 de octubre.
La impopular medida, que disparó los precios del diésel y la gasolina hasta en 123 %, forma parte de un programa de préstamos pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que alcanza los 4 mil 203 millones de dólares destinados a cubrir déficit.
Moreno sigue el minuto a minuto de la crisis desde Guayaquil, adonde el lunes trasladó la sede del gobierno ante el acoso de los indígenas que iban llegando a Quito desde el interior.
Las Fuerzas Armadas, movilizadas dentro de un estado de excepción, se mantenían leales al gobierno.
Las clases seguían suspendidas en todo el país, y en la capital el transporte público escaseaba.
"La Conaie ratifica la permanencia de la movilización nacional contra las medidas económicas", señaló la dirigencia indígena en un comunicado, sin mencionar los contactos con el gobierno.
Más restricciones
Empero, el despliegue de los militares y la medida de excepción habían sido insuficientes para contener la crisis, la más grave desde la caída del entonces presidente Lucio Gutiérrez, en 2005.
A raíz de los enfrentamientos del martes, el gobierno restringió el tránsito nocturno alrededor de instalaciones estratégicas como ministerios, puentes y antenas de comunicación.
Además, los siete días de manifestaciones han dejado hasta ahora al menos un muerto, 73 heridos (incluidos 55 uniformados) y unos 600 detenidos.
