El proyecto de presupuesto para el próximo año es de Q91 mil 900 millones, el cual será financiado con Q67 mil millones por recaudación fiscal. Sin embargo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señaló errores y anomalías en la meta fiscal, que pueden impedir lograr ese objetivo.
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En la evaluación que hizo el Icefi también resalta que a pesar de que hay incrementos en los techos presupuestarios, no se priorizan temas para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque hay reducciones de fondos para vacunación y educación.
Walter Figueroa, analista del Icefi, comentó que en cada proyecto de presupuesto aparecen unos “famosos” Q1 mil 500 millones que son otros impuestos, pero no están registrados, lo cual será improbable recaudarlos.
“Principalmente se debe revisar el incumplimiento de pago los dos principales impuestos que son el IVA, que es de casi 49%, y del ISR de 80%. Lo que es un reflejo que la Administración Tributaria espera quien le llega a pagar, por lo que espera en el pago voluntario de los contribuyentes y de esa cuenta es que la acción de fiscalización se ha debilitado”, agregó Figueroa.
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Asimismo, el Icefi explicó que puede haber una reducción de Q545 millones por el ajuste en la actualización de la base del cálculo basándose en la recaudación del presente año.
Por lo que el analista solicitó que la Superintendencia de Administración Tributaria haga público su plan anual de recaudación, fiscalización y control de impuestos, para que den a conocer su metodología que pondrán en práctica en 2020 y alcanzar ese monto de medidas administrativas.
Señalan inconstitucionalidad
Además, Figueroa consideró que puede haber una inconstitucionalidad en el capítulo XI del proyecto del presupuesto general, donde se contempla que se aprueben varios proyectos de alianzas público-privada de una vez. Y no como se establece en la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica.
“Una ley de carácter temporal no puede modificar una normativa atemporal como es la legislación de alianza público-privada, por lo que en ese sentido el tema finalice en la Corte de Constitucionalidad”, agregó Figueroa.
Asimismo, el diputado Carlos Barreda coincidió que se utiliza una ley temporal para modificar una ley permanente, lo cual viola la Ley Orgánica del Presupuesto y puede ser inconstitucional.
Por aparte, el equipo designado del gobierno de Alejandro Giammattei indicó que ese tema debe analizarse detenidamente para su aprobación, pero apoyan los proyectos de alianza público-privada.
Baja inversión social
También en el análisis del Icefi se evidenció que aunque haya un incremento de fondos para ministerios como de Salud, Educación, Desarrollo Social y Agricultura, la inversión en relación a los términos del Producto Interno Bruto hay una disminución.
Alejandra Contreras, de Unicef de Guatemala, e Iván Aguilar de Oxfam de Guatemala, indicaron que durante la transición del gobierno debe priorizarse la atención para la niñez y adolescencia y así incrementar las acciones para reducir la desnutrición infantil, pues solo se destina un dólar para atención de los niños.
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