La jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, dio a conocer este viernes que derogó los acuerdos internos emitidos con anterioridad a su gestión por medio de los cuales se autorizaba brindar seguridad a extrabajadores de la institución, incluidos los fiscales generales.
Detalló que tal prohibición cobra vigencia a partir de hoy. En ese sentido, la asignación de un esquema de seguridad a la exfiscal Thelma Aldana por parte del ente investigador deberá quedar sin efecto.
Las declaraciones de Porras se dieron durante una conferencia de prensa en la cual resaltó que incluso ella, al terminar su gestión, no tendrá ningún elemento de seguridad.
“Atenderé siempre, observando como buena profesional del derecho, el acuerdo gubernativo existente, que le corresponde al Ministerio de Gobernación brindar el esquema de seguridad para exfuncionarios siempre y cuando anteceda un estudio de riesgo que haga meritorio proporcionárselos”, expresó.
Caso de exfiscal de FECI
Porras se refirió al caso del exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Andrei González, quien planteó una denuncia contra la jefa del MP por tres delitos.
El extrabajador del ente investigador señala a la fiscal general de retrasar la investigación del caso Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), donde está implicada la excandidata presidencial Sandra Torres.
Por su parte, Porras ha detallado que esas acusaciones son “espurias y mal intencionadas”, pues hubo ciertas inconformidades de parte del exfiscal antes de renunciar a su cargo.
Una de estas estaría relacionada con un ascenso que pidió y que no se le concedió, pues había otras personas con mejores punteos.
Además, Porras dijo que González pidió que se le mantuviera la seguridad personal por parte del MP después de dejar la institución, pero no está permitido.
“Legalmente no existe normativa alguna en el MP que permita brindar seguridad a un extrabajador de la institución, tal y como lo refirió el propio jefe de Seguridad del MP”, resaltó Porras.
Señaló que ello está fundamentado en el artículo 2 del Acuerdo de Creación del Departamento de Seguridad del ente investigador y el artículo 5 del reglamento de Organización y funcionamiento de esa unidad.
También explicó que se cuenta con un dictamen de la Contraloría en donde se establece que la fiscal general carece de competencia para emitir acuerdos relacionados a la seguridad de sus exfuncionarios.
“Es ilegal y atenta contra el erario del Estado. No se puede pretender velar por el cumplimiento de la ley violentando la misma, acto que en sí mismo implica impunidad y corrupción”, manifestó.
Sin embargo, dijo que en septiembre se hicieron las gestiones pertinentes ante la Policía Nacional Civil (PNC) para que se le otorgara la seguridad correspondiente a González, para lo cual mediante oficio la institución de seguridad indicó que el propio exagente fiscal no tenía interés de medidas de seguridad por parte de esa entidad.
“Quiero expresar que al igual que González al finalizar el cargo de fiscal general no tendré y ni debería de tener seguridad de esta institución por ya no laborar en ella. Por tal razón ya procedí a derogar los acuerdos internos emitidos con anterioridad a mi gestión en este tema”, concluyó.