La Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a los jueces pesquisidores que conocerán las solicitudes de antejuicio promovidas contra ocho diputados en el caso Asalto al Ministerio de Salud.
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El pasado martes, el pleno de magistrados les dio trámite a las peticiones planteadas por el Ministerio Público (MP) para que los legisladores pierdan la inmunidad y puedan ser investigados.
Ahora procedió a asignar a los jueces que se encargarán de conocer los expedientes y rendir el informe en el que se recomendará si es o no prudente retirarles esa prerrogativa.
Pesquisidores
Los legisladores señalados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y los togados que les darán seguimiento a las acciones en su contra son:
- Carlos Santiago Nájera Sagastume – juez pesquisidor: presidente de la Sala Tercera, Jaime González
- Humberto Leonel Sosa Mendoza – pesquisidor: vocal Primera de la Sala Tercera, Beyla Estrada de Brito.
- Estuardo Galdámez – pesquisidor: vocal Segundo de la Sala Primera, Carlos Rodríguez
- Aracely Chavarría Cabrera de Recinos – pesquisidor: vocal Primero de la Sala Primera, Aura Mancilla.
- Marco Antonio Lemus Salguero – pesquisidor: presidente de la Sala Cuarta, Néctor de León.
- Rodolfo Moisés Castañón Fuentes – pesquisidor: presidente de la Sala Primera, Fredin Fernández.
- José Inés Castillo – pesquisidor: presidente de la Sala Segunda, Gustavo Dubón.
- Luis Alberto Contreras Colindres – pesquisidor: vocal Segundo de la Sala Segunda, Eduardo Galván Casasola.
El caso
El caso Asalto al Ministerio de Salud fue dado a conocer por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en julio de 2019.
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Según las pesquisas, parlamentarios, un alcalde, exfuncionarios y particulares habrían conformado una estructura que supuestamente saqueó fondos públicos destinados a hospitales nacionales.
Los hechos ilícitos habrían ocurrido entre los años 2012 y 2014 y consistían en tres modalidades primordiales para la sustracción de recursos:
- Cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
- Cobro de comisiones ilícitas para la adquisición de bienes y servicios.
- Contratación de 450 plazas, a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas “fantasma”.
