La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de la jueza Érika Lorena Aifán Dávila.
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Esto mediante la resolución 55/2019 emitida el 23 de octubre de 2019.
Otorgan medidas
No obstante, también se otorgaron las mismas medidas para los siguientes magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC):
- José Francisco de Mata Vela.
- Bonerge Amílcar Mejía Orellana.
- José Mynor Par Usen; y
- María Cristina Fernández.
En ambos casos se ha considerado que los beneficiarios se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, de acuerdo con la CIDH.
"Al tomar sus determinaciones, la Comisión tomó en cuenta que los beneficiarios estarían enfrentando una serie de amenazas a sus derechos, hostigamientos, presiones y represalias como consecuencia de ciertos casos de alta repercusión mediática, especialmente a la luz del contexto guatemalteco", se añade.
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Desprestigio
Por otra parte, el comunicado de la CIDH indica que se señaló la existencia de una supuesta campaña de desprestigio en redes sociales y que se habría creado un clima de animadversión en su contra, entre otras injerencias en sus labores como juez y magistrados.
También se resalta:
"Además de resaltar la aparente ausencia de medidas más concretas para disminuir el clima de hostilidad en contra de los beneficiarios y estrategias tendentes a respaldar institucionalmente su labor, la Comisión consideró que, con base en la información aportada por las partes, la juez y los magistrados todavía seguían en una situación de grave riesgo, máxime habida cuenta del avance de las causas a sus cargos y el posible aumento de los ataques en su contra."
Se solicitan medidas
Por consiguiente, la CIDH solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios.
Asimismo, que adopte las medidas necesarias para garantizar que los beneficiarios puedan llevar a cabo sus labores como juez y magistrados sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o amedrentamientos en el ejercicio de sus funciones.
Que concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las medidas adoptadas tendentes a investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de esta Resolución y así evitar su repetición", se indica.
* Con información de CIDH.
