La magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) quien está suspendida del cargo, Blanca Stalling, expuso este miércoles ante diputados que integran la “comisión de la verdad” que sufrió supuestos “vejámenes” por acciones de la CICIG.
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La togada está procesada por los delitos de tráfico de influencias y resistencia al arresto. Se le señala de intentar influir en decisiones de los jueces para que su hijo fuera beneficiado en un caso penal.
En la audiencia realizada hoy en el Congreso, Stalling señaló que de parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hubo abusos y excesos y que se actuó de forma ilegal para señalarla como una delincuente.
“Pasé de ser una persona exitosa a ser una criminal y sujeto de burlas”, enfatizó la abogada.
Stalling indicó que en casos investigados por la CICIG se implantaron pruebas y se manipularon testigos, y que incluso algunos fiscales renunciaron porque se les intentó presionar para accionar de esa manera y culpar a ciertas personas, pero ellos se negaron.
“Manipulaban a los testigos ofreciéndoles beneficios a cambio de declarar en contra de personas que no tenían que ver en los procesos”, aseguró.
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A su criterio, también los jueces fueron presionados por la CICIG y se vio afectada su independencia judicial.
Dijo que esto lo pudo observar durante su gestión en el Instituto de la Defensa Pública Penal y lo puso de conocimiento del excomisionado Carlos Castresana, pero no hubo acciones para evitar las irregularidades.
Stalling les dijo a los diputados que integran la “comisión de la verdad” que hay delitos cometidos por CICIG que están tipificados dentro del Estatuto de Roma.
“Los delitos que cometieron no prescriben y la inmunidad no les aplica y deben ser llevados a la Corte Internacional Penal”, destacó.
Denuncia campaña de desprestigio
Stalling indicó que desde 2014 se inició una campaña de desprestigio en su contra. Señaló como responsables de estas acciones a integrantes de organizaciones civiles, diputados y medios de comunicación.
Refirió que esas acciones para afectarle se dieron por parte de “aparatos incrustados en el sector justicia”.
Asimismo, detalló que cuando se le investigó por los supuestos hechos ilícitos que se le imputan, ella contaba con inmunidad, por lo que las acciones del Ministerio Público y la CICIG son ilegales.
El presentar el caso en su contra habría sido, según la magistrada, una forma de represalia porque ella se negó a “colaborar” con la CICIG para manipular casos.
Su vivienda fue allanada por personal dirigido por la comisión, el cual le presentó una orden de allanamiento con la dirección errónea, según su relato.
“Buscaban que mi puesto quedara vacante en la Corte Suprema de Justicia para manipular las decisiones de dicha corte”, enfatizó.
Asimismo, reiteró que no influyó en el caso contra su hijo, pues si en realidad hubiera querido hacerlo habría acudido ante el juez titular del caso y no con uno suplente.
