El rector de la Universidad de San Carlos y presidente de la Comisión para Corte de Apelaciones, Murphy Paiz, dijo que le corresponde resolver a la Corte de Constitucionalidad (CC) bajo la figura de apelación desentrampar el tema del proceso de comisiones de postulación de candidatos a magistrados.
"Creo que es algo que pueden hacer sin necesidad de la intervención de un tercero", dijo Paiz en entrevista telefónica en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.
Paiz añadió que el pasado lunes 4 de noviembre, después de más de un mes de haber sido suspendidas las reuniones, los miembros de la comisión entraron a conocer la información del Consejo de la Carrera Judicial.
Un año de retraso
Murphy Paiz adelantó que el proceso de elección de magistrados se podría retrasar más de un año debido a las resoluciones de la CC y a que el Consejo de la Carrera Judicial nunca ha hecho este tipo de trabajo.
"Ellos (Consejo de la Carrera Judicial) establecen más de 460 días para poder tener algo en concreto. Todavía con dudas e incertidumbre de si se aprueba el reglamento, pues nunca han concebido la figura del reglamento", dijo Paiz.
Carmen Aída Ibarra, miembro del Movimiento Projusticia vaticinó que "no hay una salida fácil a la crisis".
Los miembros del Consejo de la Carrera Judicial estimaron que les podría tomar hasta dos años para la creación de instrumentos para evaluar a los jueces.
La activista vaticinó además que, aunque se cumplan con los plazos que dice el Consejo de la Carrera Judicial, es seguro que en el proceso alguien interponga amparos que lo retrasen aún más.
CEDECON pesimista
Stuardo Ralón, presidente del Centro de Defensa de la Constitución (CEDECON) dijo que no existe una sola variable y posibilidad de más impugnaciones al proceso.
Ralón cree que hay diferentes escenarios jurídicos, luego de que las comisiones de postulación suspendieran sus procesos.
"Hicimos un posicionamiento como CEDECON de los peligros de incumplir ese plazo, lo cual daba paso a una multiplicidad de variables jurídicas que podían hacer incierto el proceso y que podía demorarlo más de un año", añadió Ralón.
A juicio del abogado constitucionalista, todos todas las evaluaciones de desempeño son impugnables administrativamente y legalmente.