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MP pide penas de hasta 14 años de cárcel contra señalados en caso Construcción y Corrupción

Se les imputan los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y cohecho activo.

El Ministerio Público (MP) pidió que se dicten penas de entre tres y 14 años de prisión contra cuatro personas señaladas en el caso Construcción y Corrupción.

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Este viernes se llevó a cabo la continuación del juicio contra supuestos implicados en un caso de corrupción, relacionado con la existencia de una estructura criminal aparentemente liderada por el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

Según las investigaciones del Ministerio Público (MP), el grupo criminal exigía el pago de sobornos a empresarios a cambio de pagarles deuda de arrastre u otorgarles nuevos proyectos en la cartera a cargo de Sinibaldi.

MP pide penas en caso Construcción y Corrupción MP pide penas en caso Construcción y Corrupción

Penas

En la audiencia realizada hoy el fiscal de la FECI, Carlos Videz, emitió las conclusiones y procedió a solicitar las siguientes penas contra los señalados:

Juan Ignacio Florido: pena de 6 años de cárcel por el delito de asociación Ilícita y de 8 años por lavado de dinero u otros activos, así como una multa de Q2 millones 350 mil 191.49.

René Felipe Cardona Pérez: pena de 6 años por asociación Ilícita y 8 años por lavado de Dinero. También multa por Q548 mil 948.24.

José Guillermo Yupe Ramírez: 6 años por asociación Ilícita y 8 por lavado de dinero. Multa de Q700 mil.

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Griselda Beatriz Alvarez Medina: 5 años de cárcel por cohecho activo en grado de complicidad y Q50 mil de multa. La pena sería rebajada en una tercera parte por ser cómplice, quedando en 3 años y 4 meses de prisión y Q33 mil 333.33.

Investigación

El caso Construcción y Corrupción fue revelado por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en julio de 2017.

En este se encuentran implicados varios exfuncionarios, empresarios y particulares, quienes habrían pagado los sobornos y gestionado los mismos por medio de empresas “de cartón”.

Los fiscales determinaron que esas entidades que simulaban ser proveedoras del Estado no contaban con personal ni infraestructura para funcionar.

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