Autoridades del Organismo Judicial (OJ) dieron a conocer que actualmente esa institución enfrenta una situación financiera “bastante crítica”, que no ha permitido cumplir con las atribuciones que tienen establecidas según la ley.
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El pronunciamiento se dio por medio de la presidenta del organismo, Silvia Valdés, quien estuvo acompañada de los titulares de las Cámaras Penal, Civil y de Amparo, en una conferencia de prensa brindada este martes.
La magistrada indicó que el 70 por ciento del presupuesto que se les asigna es utilizado para el pago de salarios y el 30 por ciento para otros temas de funcionamiento, incluido el arrendamiento de espacios para las sedes de los órganos jurisdiccionales.
Y recordó que esta es la única institución del Estado que tiene presencia en los 340 municipios del país.
Destacó que se cubre tanto en el interior como en la ciudad capital los casos relacionados con los distintos ramos, entre estos, de familia, laborales, de femicidio y de adolescentes en conflicto con la ley penal. Al igual que la emisión de boleta de carencia de antecedentes penales.
Tomando en cuenta que es necesario garantizar la prestación de servicios para la población guatemalteca, Valdés resaltó que se requiere de un presupuesto adecuado e hizo un llamado al Congreso para que tome en cuenta ello al momento de aprobar los fondos para 2020.
Difícil situación histórica
Según la togada, históricamente el Organismo Judicial no ha recibido el presupuesto que le corresponde, pues está establecido en la Constitución Política que no sea menor al 2 por ciento de los ingresos ordinarios del Estado, pero no se cumple.
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“Ahora tenemos el agravante de que hubo un intento de reformas constitucionales, en estas se supone que el OJ iba a recibir un 6 por ciento, pero esto no fue así, continuamos con el 2 por ciento, pero se creó el Consejo de la Carrera Judicial, este depende económicamente del presupuesto que tenemos, al igual que la Corte de Constitucionalidad”, resaltó.
Por aparte, la presidenta indicó que la falta de fondos no ha permitido avanzar en temas como el funcionamiento de 23 órganos jurisdiccionales, que aunque fueron creados, no han sido puestos en marcha porque no se ha logrado contratar al personal.
También influye en la atención de los casos que están a cargo de la Cámara Penal, que tiene un registro de 12 mil 342 personas en prisión preventiva y 34 mil 200 con medidas sustitutivas.
“Necesitamos que con medidas desjudicializadoras se pueda resolver este problema a la población, porque es una cantidad exorbitante de personas que están en esa situación. Además, se debe reducir la mora judicial”, destacó.
Finalmente reiteró el llamado hecho ayer al Congreso por parte del OJ a través de un comunicado para que se otorguen fondos suficientes y poder administrar justicia pronta y cumplida.
