La diputada Nineth Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, presentará el 25 de noviembre una iniciativa de ley para penalizar el acoso callejero y laboral contra la mujer.
La propuesta plantea que se sancione con multas de hasta 15 salarios mínimos a las personas que expresen mensajes obscenos o cometan acciones de carácter erótico o sexual contra las féminas.
La iniciativa se denomina “Ley contra el acoso callejero y otras formas de violencia contra la mujer” e incluye adicionar artículos y literales al Código Penal y a la Ley contra el Femicidio.
Montenegro argumentó que el ordenamiento jurídico vigente ya no responde a una adecuada realidad que sufren las mujeres por el acoso sexual, por lo cual es necesario actualizar el marco jurídico.
“(Se debe) crear tipos penales que prevengan, sancionen y erradiquen estas conductas antijurídicas en la sociedad guatemalteca”, cita el documento presentado hoy por la legisladora.
Acoso callejero
En la iniciativa se indica que comete acoso callejero quien “realizare, en lugares públicos o de libre acceso público, y sin mediar el consentimiento de la víctima, un acto de significación sexual capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante”.
Entre las acciones a las que hace referencia están:
- “Actos de caracteres verbales o ejecutados por medio de gestos. En este caso se impondrá una multa equivalente a diez salarios mínimos para actividades no agrícolas”.
- “Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones, o actos de exhibicionismo obsceno o de contenido sexual explícito, en cualquiera de estos casos se impondrá multa equivalente a quince salarios mínimos para actividades no agrícolas”.
Los fondos recabados por medio de la aplicación de las sanciones serán utilizados para campañas de sensibilización, prevención y eliminación del acoso callejero. La implementación de estas acciones estarán a cargo del Organismo Judicial.
Violencia laboral
La propuesta también incluye sanciones para la violencia laboral, es decir, actos discriminatorios a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados.
Específicamente se menciona la obstaculización al acceso al empleo, contratación, ascensos o estabilidad.
Asimismo, menciona la exigencia de realizarse test de embarazo, brindar información sobre maternidad, estado civil o tomar en cuenta su apariencia física.
También refiere como violencia contra las mujeres en el ámbito laboral el que no se les otorgue igual remuneración a cambio de realizar las mismas tareas o funciones que los hombres.