El exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y su hija, Saraí Villavicencio Delgado, se pusieron a disposición de la justicia este lunes. Ambos son señalados en el caso Asalto al Ministerio de Salud Pública y se encontraban prófugos desde julio pasado.
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El exfuncionario tenía orden de captura vigente por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.
Mientras que Villavicencio Delgado es señalada de asociación ilícita, tráfico de influencias, lavado de dinero, fraude y cohecho pasivo.
A su ingreso a tribunales, el exministro dijo a periodistas que los cargos que se les atribuyen son parte de una persecución política iniciada en su contra desde que salió de la cartera.
"Somos inocentes, no se ha hecho ninguna cosa fuera del orden. Creemos en la justicia", expresó.
En rebeldía
Según las investigaciones, ambos dirigían una estructura criminal que habría operado entre los años 2012 y 2014 en la cartera de salud y que se dedicaba a saquear fondos.
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El exministro Villavicencio había sido capturado en abril de este año por su implicación en otro caso de corrupción. En una audiencia realizada en mayo se le ligó a proceso penal y se le otorgó arresto domiciliario.
Sin embargo, después de ello ya no compareció ante los tribunales de justicia, ni por ese caso ni por el de Asalto al Ministerio de Salud, por lo que fue declarado en rebeldía.
Sustracción de fondos
El Ministerio Público (MP) detalló que las acciones ilícitas se habrían iniciado en el momento en el que Villavicencio tomó posesión como ministro.
Por lo menos Q17 millones fueron obtenidos por integrantes de la supuesta red delictiva. Para ello se habrían utilizado tres modalidades:
- Cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud.
- Cobro de comisiones ilícitas para la adquisición de bienes y servicios.
- Contratación de 450 plazas, a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas “fantasma”.
En una de las audiencias del caso, un representante de la Fiscalía comparó este grupo delictivo con una "mara" por la forma en que estaba estructurado.
“Estaba plenamente organizada y evidenciaba conductas ilícitas que ocasionaron un detrimento importante del erario público mediante la asignación de contratos con el fin de obtener un beneficio individual ilícito”, señaló.
