La Ley de Aceptación de Cargos, que plantea reformas al Código Procesal Penal, aprobada recientemente por el Congreso, ya fue trasladada al organismo Ejecutivo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, el documento se encuentra en la Secretaría General.
El mandatario Jimmy Morales dijo días atrás que en el momento en el que el Legislativo enviara el decreto se iniciaría el análisis correspondiente por parte del equipo jurídico de ese organismo.
“Cuando la recepciona la Secretaría General de la Presidencia, los expertos, abogados constitucionalistas y juristas, empiezan a hacer el análisis de la ley y en base a este estudio nosotros procederemos a sancionarla o vetarla”, expuso.
Ahora se tendrá un período de 15 días, tal como lo establece la Constitución Política de la República, para conocer si será sancionada o vetada.
Según el artículo 178 de la carta magna, si el Ejecutivo no devuelve al Legislativo el decreto dentro de ese plazo, se tendrá por sancionado y los parlamentarios deberán promulgar la ley dentro de los ocho días siguientes.
Reformas
La ley de Aceptación de Cargos fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 12 de noviembre y establece la reducción de penas para los acusados de diferentes delitos, si estos aceptan la responsabilidad en cualquier fase del proceso penal.
Diferentes opiniones se generaron, tanto a favor como en contra, de su creación. Algunos sectores señalan que se beneficiará exclusivamente a los procesados por corrupción, pero sin que eso represente algo positivo para el país.
La semana pasada un grupo de abogados emitió una carta abierta dirigida al presidente Morales, en la cual le pedía vetar la ley.
Según los profesionales, se estaría poniendo en riesgo la correcta aplicación de la justicia, pues contiene artículos que “notoriamente adolecen” de vicios de inconstitucionalidad.
Mientras tanto, el presidente del Legislativo, Álvaro Arzú, defendió el decreto y dijo que fue respaldado por más de 80 parlamentarios.