El Ministerio Público (MP) inició la coordinación con Argentina para obtener asistencia internacional y de esa manera evaluar en qué etapa se encuentra la compra de los aviones Pampa III.
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Eduardo Pantaleón, de la Fiscalía contra la Corrupción, quien está a cargo del caso, señaló que esto se debe hacer para obtener información de ese país, pues de lo contrario, los datos que puedan ser transferidos con respecto al tema no tendrían ninguna validez.
Recientemente se conoció que el Gobierno de Guatemala intentará nuevamente adquirir los aviones militares de fabricación argentina.
Para ello remitió al Congreso de la República el expediente administrativo completo acerca de la compra de un Sistema de Defensa Aérea a la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), que consiste en dos aviones de combate denominados Pampa III.
Verifican si hay sobrevaloración
Meses atrás el Ejecutivo intentó adquirir las aeronaves, pero desistió del proceso por recomendación de la Contraloría General de Cuentas. En esa ocasión se anunció que se invertirían 28 millones de dólares.
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El fiscal Pantaleón dijo este miércoles que como parte del proceso de investigación que se realiza se está tratando de averiguar qué otras empresas o países distribuyen ese tipo de aeronaves.
Se buscará aviones con las mismas características y especificaciones técnicas que estén a la venta para poder hacer un comparativo en cuanto a los precios y establecer si hay alguna sobrevaloración.
De igual forma, se busca determinar las razones por las cuales el Gobierno no hizo una cotización previo a gestionar la compra con Fadea.
Presidencia envía informe
Por aparte, Pantaleón dio a conocer que el pasado viernes 13 de diciembre se solicitó una respuesta al Ejecutivo con relación a las razones por las que el expediente de la compra de aviones se envió al Congreso.
En ese sentido, la Secretaría General de la Presidencia de la República envió ayer a la Fiscalía un informe circunstanciado en el que indicó que esta acción se basó en el artículo 171 y literal L de la Constitución Política de la República.
La referida normativa da la facultad al Legislativo para aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando afecten a leyes vigentes o contengan cláusula general de arbitraje y de sometimiento a jurisdicción internacional, cita el documento.
La Fiscalía también requirió un informe al Congreso; sin embargo, todavía no ha sido remitido.
