La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió que los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) vinculados al caso de financiamiento electoral ilícito de esa agrupación política mantendrán su inmunidad de funcionarios.
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Según el fallo del tribunal constitucional, se debe mantener con vigencia la resolución que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió el pasado miércoles 27 de febrero.
En esa fecha se decidió el rechazo a las solicitudes de antejuicio que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) presentó en contra de los congresistas y de la excandidata a la presidencia por esa agrupación política, Sandra Torres.
De esa cuenta, el órgano encargado de la persecución penal insistió en que se retirara la protección constitucional a los congresistas para que fueran investigados, por ese se presentó una acción de amparo ante la CC.
Sin embargo, los magistrados del tribunal consideraron que la decisión de la CSJ cumplía con los requisitos legales para que los diputados señalados mantuvieran su beneficio.
"Fue denegado porque el fallo cuestionado cumplió con la argumentación y fundamentación necesarias", informó Comunicación Social de la CC.
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Torres perdió su derecho de inmunidad como candidata a un cargo público, por lo cual la resolución emitida por la CC no tiene efectos en ella, manifestó el tribunal constitucional.
La exaspirante a la presidencia enfrenta proceso penal por el caso y el MP solicitó que sea enviada a juicio ante un tribunal de Sentencia Penal.
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Señalamientos contra la UNE
Según la investigación de la FECI y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la UNE habría recibido Q27.6 millones que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El MP supone que Torres tenía conocimiento de esa situación, por lo cual inició acciones legales en su contra.
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