Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) teme que un beneficio otorgado a la excandidata presidencial Sandra Torres afecte otras casos por delitos electorales.
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El jefe de dicha unidad de investigación, Juan Francisco Sandoval, dijo que la resolución que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió el jueves 26 de diciembre de 2019 no solo mantiene el antejuicio a varios diputados vinculados al caso "Financiamiento electoral ilícito UNE", sino que también impide al Ministerio Público (MP) realizar pesquisas por dichas acciones ilícita.
Sin embargo, Sandoval dijo que será criterio de los jueces aplicar o no el criterio de la CC a los casos que se ya conocen, pues se trata de una acción específica y de una respuesta particular en dicho expediente.
"El amparo es personal y directo, se indica que la querella debe iniciar con una auditoría del Tribunal Supremo Electoral (TSE), si los órganos jurisdiccionales toman dicha resolución como parámetro, que son independientes en su actuar, prácticamente dejan sin efecto las investigaciones realizadas".
El fiscal agregó que los informes financieros que el TSE recibe son auditorías presentadas por los partidos políticos.
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Regalo para Torres
El exjefe de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, calificó como un "regalo navideño" de la CC para Torres la referida resolución.
Por medio de su cuenta de Twitter el abogado colombiano expresó Guatemala tenía una legislación "avanzada" en materia de financiamiento electoral ilícito
Agregó:
"Lo dice claramente la CC, avalando la posición de la CSJ (Corte Suprema de Justicia), en la página 30 del regalo navideño".
En la resolución, el tribunal constitucional detalla que el TSE es la máxima autoridad en materia electoral y una de las facultades de esta es fiscalizar el financiamiento de las organizaciones políticas.
"De esa cuenta, a fin de preservar el debido proceso, la querella requiere la base de informes o resultados de auditorías que en el ejercicio de sus funciones realice el TSE".
La ponencia de la sentencia fue elaborada por la magistrada Gloria Porras y su equipo, según consta en el fallo.
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