A la disputa por fondos entre la directiva del Congreso y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) se sumó el presidente, Jimmy Morales, para criticar al magistrado de Conciencia por no haber priorizado pagos durante 2019.
Desde mediados de septiembre, el procurador Jordán Rodas solicitó al Congreso que trasladara Q20 millones pendientes que contemplaba el presupuesto.
Sin embargo, ayer la comisión permanente del Legislativo informó por medio de un comunicado que Rodas tenía conocimiento de que la asignación presupuestaria para 2019 era de Q100 millones.
Por lo que solicitaron a la Contraloría General de Cuentas realizar una “exhaustiva” auditoría de la gestión del procurador Rodas Andrade.
“Jordán Rodas no debió excederse en gastos por encima de los Q100 millones y en ese contexto priorizar las prestaciones laborales, situaciones que pueden dar paso a acciones legales en contra del procurador”, explicaba el documento de la comisión permanente.
Mientras que el mandatario escribió en su cuenta de Facebook que el procurador no respeta los derechos humanos de los trabajadores de la PDH y trató de justificar que Rodas debió realizar los procedimientos en ley para solicitar los ajustes presupuestarios y no pensar que todo se soluciona con amparos.
Responde a señalamientos
El comisionado del Congreso, Jordán Rodas, aclaró al presidente, indicando que fue él quien sancionó el presupuesto de Q120 millones para 2019, pero que sus declaraciones solo evidencian un desconocimiento total sobre derechos humanos y lo que el mismo afirmó.
“Hay funcionarios que realizan interpretaciones erradas y maliciosas, que se manifiestan en incumplimiento a la ley. Un acuerdo legislativo no puede ser superior a un decreto legislativo”, resaltó Rodas.
La directiva del Congreso ha buscado varias formas para destituir al procurador.
“Se pretende destruir la capacidad de acción”, exfuncionarios de la PDH
No hay un precedente con la agresión financiera que sufre estos días el procurador de los Derechos Humanos, acción que afecta inconstitucionalmente los derechos laborales y humanos de los trabajadores y sus familias. Lo que se pretende es destruir la capacidad de acción de un importante órgano de supervisión constitucional que es la base insustituible en la lucha de todos por el establecimiento de un Estado de derecho constitucional y democrático. Disminuir los fondos es un salto atrás para construir una sociedad.