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MP accionará contra decisión de jueza que programó audiencia de Sandra Torres

Un juzgado que tiene temporalmente a su cargo el caso de supuesto financiamiento electoral no registrado del partido UNE programó una diligencia en donde la excandidata pedirá que se le otorgue arresto domiciliario.

El Ministerio Público (MP) accionará contra la decisión del Juzgado de Mayor Riesgo E, a cargo de Eva Recinos, de agendar una audiencia de solicitud de medidas sustitutivas para la excandidata presidencial, Sandra Torres.

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Fuentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) indicaron que se planteará un recurso de actividad procesal defectuosa contra lo actuado por la togada.

Torres está ligada a proceso por su presunta implicación en irregularidades en el financiamiento del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

La diligencia en la que se discutirá si se le otorga arresto domiciliario está programada para este miércoles 8 de enero. La misma se llevará a cabo en el Juzgado E.

El juzgado contralor de este caso es el Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, pero por el período vacacional en el Organismo Judicial se asignó temporalmente a la otra judicatura.

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La jueza titular de este proceso ya ha conocido diferentes solicitudes de los abogados de Torres para que se le permita salir de prisión y las ha rechazado.

La FECI destacó que la jueza Recinos programó la audiencia, a pesar de que Domínguez ya había agendado la misma para el 17 de enero.

En investigación

Sandra Torres, quien compitió en dos ocasiones con el partido UNE para obtener la presidencia de la República, fue capturada en septiembre pasado en su residencia durante un operativo de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.

Actualmente se encuentra ligada a proceso penal por los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

De igual forma, se le dictó prisión preventiva mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones.

Se le vincula con irregularidades en el manejo de fondos de la organización política verde, la cual habría utilizado por lo menos Q27.6 millones para campaña electoral sin reportarlos ante el Tribunal Supremo Electoral.

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