El pleno del Congreso conoció este viernes el informe circunstanciado elaborado por la comisión de la Verdad, que fiscalizó el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
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El diputado Juan Ramón Lau, quien preside esa sala legislativa, fue quien le dio lectura al documento en el hemiciclo parlamentario. En la sesión estaban presentes 95 legisladores.
En diferentes audiencias realizadas en los últimos meses, los legisladores escucharon a señalados en casos investigados por la CICIG y el Ministerio Público (MP), quienes denunciaron supuestos “vejámenes” cometidos por parte del personal de la entidad internacional.
Con base en la información recabada, los legisladores elaboraron un documento en el que plantearon los testimonios, expresaron las conclusiones e hicieron una serie de recomendaciones a distintas instituciones.
Denuncias recabadas por la comisión
Lau indicó que lo denunciado por la ciudadanía guatemalteca con relación a la CICIG se concreta en:
- Incumplimiento del acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG.
- La comisión se excedió en las funciones y objetivos delimitados y establecidos en el convenio de creación, que conllevaron a la muerte física y civil de varias personas.
- La CICIG recibió de los países e instituciones donantes más de 177 millones de dólares, no obstante de haber recibido este monto, a la comisión se le denunció que durante más de 12 años de funcionamiento no cumplió lo relacionado con su mandato.
- Se arrogó atribuciones propias de la PNC y el MP sin ningún límite en su actuar, promoviendo el abuso y excesos innecesarios hacia la población guatemalteca, generando impunidad de parte de un órgano extranjero en el país.
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- La CICIG se limitó a realizar persecución política y selectiva a sectores específicos de la sociedad guatemalteca, e incluso extranjera que radicaba en el país, manipulando a las instituciones jurídicas del proceso penal guatemalteco a su antojo para conseguir fines desestabilizadores de polarización social.
- Violación de los derechos fundamentales y del debido proceso. Algunos de los sindicados en los distintos casos murieron mientras estaban en prisión de forma injustificada, pues se les negó una medida sustitutiva.
- “Jueces cobardes y complacientes, inquisidores de abusos y excesos”, actuaron a petición de CICIG y de la FECI generando la negación de medidas sustitutivas, cuando incluso correspondía por temas de salud.
Posibles órdenes de captura
La comisión de la Verdad recomendó al Congreso que se apruebe un punto resolutivo por medio del cual se condene todo lo actuado por la CICIG.
De igual forma, informó que se remitirá el informe al Ministerio Público y quedará a discreción de la institución solicitar las órdenes de captura que correspondan.
“(Es necesario) que también el presente informe se haga de conocimiento del pueblo, con el objetivo de dar a conocer ilegalidades cometidas por la CICIG, sus funcionarios y empleados durante el plazo de 2007 a 2019”, dijo Lau.
Añadió que también se compartirán los hallazgos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que informe a los países donantes de la CICIG cómo fueron invertidos los fondos que otorgaron a la entidad internacional.
