Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) realizan este viernes una manifestación frente al Congreso de la República para exigir el traslado de fondos a la institución que permitiría el pago de sus salarios atrasados.
PUBLICIDAD
“Ellos nos deben esos Q20 millones”, refirió una de las manifestantes, quien indicó que su presencia en el lugar se da para pedir a los diputados que se lleve a cabo el traslado de fondos.
Los manifestantes portan carteles en los cuales se observan diferentes mensajes dirigidos a los parlamentarios.
“Salario y aguinaldo son nuestros derechos, 41 días sin salario, ¿quién pagará nuestras deudas?, ¿quién pagará los útiles escolares de nuestros hijos?, ¿quién pagará nuestra canasta básica?”, se lee en algunos de los letreros.
En imágenes
0 of 16
Falta de presupuesto
Desde meses atrás el procurador Jordán Rodas anunció que la entidad estaba pasando por momentos difíciles y que el presupuesto con el que se contaba no era suficiente para atender los gastos de funcionamiento de los últimos meses de 2019.
Debido a esta situación los empleados no han recibido sus salarios de diciembre y tampoco el pago del aguinaldo.
El pasado martes la Corte de Constitucionalidad (CC) amparó a la Procuraduría y ordenó que el Congreso en 48 horas trasladara los fondos solicitados desde meses atrás por Rodas, que alcanzan un monto de Q20 millones.
PUBLICIDAD
Hasta ahora la directiva del organismo Legislativo no ha solicitado la asignación de los fondos al Ministerio de Finanzas y ha argumentado que el presupuesto aprobado para la PDH para el período fiscal 2019 es de Q100 millones y no de Q120 millones.
De igual forma, el Congreso planteó ayer ante la Secretaría de la CC una solicitud para que se revoque el amparo provisional otorgado a favor de la PDH.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Víctor Martínez, indicó que se le trasladarán los recursos a la PDH cuando se complete el trámite respectivo en el Legislativo.
Mientras tanto, el procurador Jordán Rodas presentó este viernes una debida ejecución de amparo para exigir el cumplimiento por parte del Congreso de lo ordenado por la CC.