Omar Franco, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue beneficiado por el Tribunal de Mayor Riesgo B al haberle otorgado la libertad.
El exfuncionario enfrenta la justicia por su vinculación al caso "La Línea", en el cual el Ministerio Público (MP) señala la existencia de una organización criminal que ofrecía a importadores la reducción de los aranceles que debían pagar al fisco a cambio de entregar comisiones ilegales.
De acuerdo con la judicatura, las medidas sustitutivas que deberá cumplir Franco son:
- Arresto domiciliario.
- Arraigo y tendrá que pedir autorización al Tribunal cada vez que necesite salir del país, además de justificar la situación.
- Imponer su huella dactilar en el sistema de control de procesos del MP cada 15 días.
El señalado fue capturado en abril de 2015, mientras se encontraba al frente de la SAT, por ser un supuesto integrante de una red que habría cometido defraudación tributaria.
Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, exbinomio presidencial, estarían a la cabeza de la referida estructura, según las investigaciones del órgano encargado de la persecución penal.
Ambos también enfrentan proceso por eso y otros casos.
Queda pendiente que inicie el juicio en contra de más de 30 acusados.
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Operaban de forma paralela a la SAT
Las pesquisas del MP, en conjunto con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), mostraron la existencia de una red criminal que operaba de forma alterna a la SAT.
Esta estructura habría tenido como clientes a un grupo de importadores, quienes con tal de no pagar la cantidad real de impuestos por los productos que ingresaban al país, realizaban transacciones en las aduanas en las cuales se utilizaban pólizas con datos alterados.
Los contenedores de los empresarios que utilizaban los servicios de "La Línea" no pasaban por los registros en las aduanas, mientras que los de quienes no accedían a dar las comisiones, eran sometidos a rigurosos trámites de chequeo.
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