El Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se retire el derecho de antejuicio a la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta.
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La petición fue realizada por la Fiscalía de Asuntos Internos del MP y se fundamenta en una denuncia en 2019 presentó el exfiscal Andrei González.
De acuerdo con los señalamientos que González, exintegrante de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), la jefa del órgano encargado de la persecución penal habría cometido una serie de delitos, tales como:
- Abuso de autoridad.
- Denegación de justicia.
- Obstrucción de justicia.
La solicitud ya fue conocida por el pleno de la CSJ y se determinó que no era prudente darle trámite a las acciones en contra de Porras Argueta.
En los documentos que la fiscalía presentó también figura Julio César Cordón, exsecretario de Política Criminal del MP, quien también fue denunciado por González por los mismos delitos por lo que se señaló a la jefa de la institución.
De acuerdo con la denuncia del exfiscal, Porras Argueta habría retrasado las diligencias de investigación por supuesto financiamiento electoral ilícito al partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), en las que figuran varias personas y la excandidata presidencial de dicha agrupación, Sandra Torres.
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Las pesquisas contra la UNE se encuentran agrupadas en el expediente al que se le denominó "Financiamiento electoral ilícito UNE" y en el cual también colaboró la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El órgano acusador puede impugnar el fallo de la CSJ ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
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Compromiso del MP: Llevar la justicia a todos los sectores
El 10 de diciembre de 2019, cuando el MP inauguró la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas, la fiscal general emitió un discurso en el cual afirmó:
"Seguimos mostrando nuestro compromiso de llevar la justicia a todos los sectores de la sociedad guatemalteca".
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