El objetivo de realizar solo una sesión esta semana se evidenció ayer con la declaración de sesión permanente para aprobar cambios a la Ley de ONG, con los que se limita el financiamiento a las asociaciones sociales.
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El nuevo artículo que menciona sobre el financiamiento deberán llevar el formulario autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y en caso de que sea donación extranjera se debe informar al Ministerio de Relaciones Exteriores.
A la vez, se enfatiza que ningún tipo de financiamiento externo se usará para actividades que alteren el orden público y en caso de que eso suceda se cancelará dicha organización y se imputarán los delitos penales y civiles a los directivos.
“Realmente, este artículo (13) es el que le da vida a esta ley porque son organizaciones internacionales las que han venido a sembrar caos, a financiar bloqueos de carreteras, a financiar grupos subversivos y aquí los estamos bloqueando. Por eso este artículo es uno de los más importantes”, comentó el diputado de Viva Aníbal Rojas.
A lo que su colega del Movimiento Semilla Lucrecia Hernández Mack explicó que dicho artículo representa la esencia de la ley, la cual no busca regular a las oenegés que reciben fondos del presupuesto público, ya que son auditadas por la Contraloría General de Cuentas, rinden cuentas a la SAT y están inscritas en el Ministerio de Gobernación.
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“Han metido una ley que ninguno conoce y se aprueban errores e ilegalidades, lo cual es una violación a la libre asociación, a derechos civiles y políticos”, enfatizó Hernández.
Alianza confabula
Modificar el orden del día se logró con el apoyo de una alianza liderada por la bancada Vamos, Todos, UCN, FCN-Nación, algunos disidentes de la UNE, Bien y Victoria.
Ya que fue García Silva quien presentó una moción para aprobar un punto resolutivo para alertar sobre medidas para evitar la llegada del Coronavirus y de Conde adelantar la aprobación de las reformas a la Ley de ONG.
“Se restringe el derecho de asociación”, análisis de Edgar Ortiz, abogado
Algunos aspectos de las reformas a la Ley de ONG van en dirección que restringe el derecho de asociación. La libertad de asociación es un derecho fundamental, como se indica en la Constitución y otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y obliga al Estado a garantizarlos. Obligar a las organizaciones a inscribirse a Cancillería y reportar sus donaciones carece de sentido debido a que ya existen obligaciones de presentarlas en la SAT. Además, de que se les obliga a manejar sus cuentas en un banco.
“Aquí los liberales y conservadores quieren tomar las mismas medidas que tomó Ortega en Nicaragua, hechando a las ONG, que luchaban por la libertad y los derechos humanos”, Carlos Barreda, jefe de la bancada UNE
