Varias organizaciones y entidades se han pronunciado en torno a las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que fueron aprobadas en el Congreso.
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Entre las reformas que se discutieron en pocos minutos por los diputados, se estableció que las ONG no podrán utilizar donaciones para actividades que alteren el orden público, ya que pueden ser canceladas y sus directivos enfrentarían los procesos civiles o penales correspondientes. Además, se obliga a publicar los balances de su ejercicio contable.
La Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) emitió un comunicado con el que rechaza las reformas aprobadas. Según indican, atentan a la libertad de organización y violenta los derechos constitucionales como la organización ciudadana para el bien común.
“Esta acción de las y los diputados que integran el pacto de corruptos pretende limitar la labor de las y los defensores de derechos humanos y la sociedad civil”, detalló.
Asimismo, indicó que busca coartar la organización social, por lo que repudian las reformas que no aportan “nada” al fortalecimiento del sector de ONG de desarrollo.
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Elmer Velásquez, representante de la CONGCOOP, calificó las reformas como un ataque del Congreso a derechos como la libre expresión, organización y de iniciativa social.
Por medio de su cuenta de Twitter, el Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala expuso que estas reformas podrían afectar la libertad de asociación, reunión y expresión, así como de espacios democráticos para la sociedad civil organizada.
Asimismo, recordó la importancia de “adoptar leyes y políticas” que garanticen espacios de participación democrática y reiteraron su disposición para brindar asesoramiento técnico para lograr estos fines.
"ONU Guatemala reitera la importancia de respetar y garantizar las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidos voluntariamente por Guatemala", expresó por medio de su cuenta oficial.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua) también expuso de forma pública que con esta aprobación, el Congreso mostró que “las mafias” siguen controlando ese organismo.
Además, exponen la importancia en este proceso del presidente Alejandro Giammattei.
"Corresponde a Alejandro Giammattei vetar la ley por violatorio de los derechos humanos", expresó en su cuenta de Twitter.
Amnistía Internacional Américas señaló que dichas reformas podrían llevar al cierre “arbitrario” de organizaciones y a la profundización de la criminalización contra los defensores de derechos humanos/
Por su parte Justicia Ya, indicó que el Congreso pretende eliminar las ONG “incómodas”, ya que con esta Ley pueden decidir “arbitrariamente” sus operaciones.
Carmen Rosa de León Escribano, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para Desarrollo Sostenible (IEPADES) dijo a Emisoras Unidas que con estas reformas se coloca al país al mismo nivel de Venezuela y Nicaragua, "con un Estado que quiere intervenir para no tener protestas".
