El presidente Alejandro Giammattei informó por medio de conferencia de prensa que procederá a sancionar las reformas a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para que entre en vigencia en el menor tiempo posible.
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Según indicó el mandatario, realizó tres consultas "a amigos" para determinar si existe alguna inconstitucionalidad en los cambios aprobados por el Congreso de la República.
De acuerdo con Giammattei, 115 ONG reciben ingresos de donantes extranjeros. Añadió que el año pasado ingresaron 9 millones 893 mil 643 dólares para el presupuesto de las mismas.
"Este es un acto de transparencia. La sociedad guatemalteca tiene que aprender a vivir entre la transparencia", destacó Giammattei y realizó una presentación con varios ejemplos de hechos noticiosos para enfatizar en la importancia de fiscalizar estas organizaciones.
En relación a los amparos presentados en su contra para evitar que sancione o vete la ley, Giammattei indicó que no ha sido notificado sobre alguna acción a la que se le haya dado trámite.
"Por lo que opinen afuera me tienen que temblar las patas a mí", respondió el presidente al ser cuestionado sobre los pronunciamientos de congresistas estadounidenses en relación a los riesgos de esta ley.
Giammattei resaltó que cada país debe tener independencia y que no estará tomando decisiones para "quedar bien" con todos los gobiernos.
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"Este país es soberano y toma decisiones soberanas. A otros países también han de haber mandado sus cartitas", recalcó.
Cambios en la ley
Varias organizaciones y entidades se pronunciaron en torno a las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que fueron aprobadas en el Congreso.
Entre las reformas que se discutieron en pocos minutos por los diputados, se estableció que las ONG no podrán utilizar donaciones para actividades que alteren el orden público, ya que pueden ser canceladas y sus directivos enfrentarían los procesos civiles o penales correspondientes. Además, se obliga a publicar los balances de su ejercicio contable.
También, se enfatiza que ningún tipo de financiamiento externo se usará para actividades que alteren el orden público y en caso de que eso suceda se cancelará dicha organización y se imputarán los delitos penales y civiles a los directivos.
