Autoridades del Grupo Financiero de Occidente (Fidosa) señalaron este lunes de ilegalidades la decisión de la Superintendencia de Bancos y de la Junta Monetaria de haberlo suspendido.
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De acuerdo con los documentos que presentaron los ejecutivos, se violaron procedimientos para haber tomado esa decisión, lo cual afectó a accionistas y empleados.
Juan Miguel Ordóñez, abogado de Fidosa, indicó que se presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia para que la SIB conozca su defensa, la cual sin razón fue archivada por el titular de la Superintendencia, Erick Vargas, aunque él fue auditor del grupo financiero.
"Llama la atención que en alguna parte de la resolución para suspender la financiera es que no se aceptan las acciones por US$26 millones, pero se quedan con ellas", explicó Ordóñez.
Sin embargo, el asesor legal indicó que aún no se toman acciones legales individualizadas.
¿Decisiones personales?
El presidente de Fidosa, Pedro Aguirre, resaltó que hay ilegalidades en el procedimiento por los que espera que se respeten los derechos y que se respeten las leyes.
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"Hay casi 140 años que se están truncando y pedimos la restitución y podamos volver hacer el Banco de Occidente".
Aguirre espera que no sea un tema personal.
La Superintendencia de Bancos aún no ha emitido su postura por los señalamientos de la financiera.
Suspensión de operaciones
El pasado 13 de diciembre la Junta Monetaria decidió intervenir la Financiera Occidente, sin que existiera deficiencia patrimonial o sin que existiera falta de liquidez o insolvencia, detallan.
Además, indicaron que se actuó sin que estuviera en firme la resolución por haberse planteado un recurso administrativo.