El Ministerio Público (MP) busca que la jueza María Eugenia Castellanos, integrante del Tribunal de Mayo Riesgo B, deje de conocer el expediente por el caso "La Línea".
La entidad duda de la imparcialidad de la juzgadora en el referido proceso penal, pues un familiar de ella tuvo relación laboral con la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
De esa cuenta, el ente encargado de la persecución penal accionó de forma legal en contra de Castellanos por medio de una recusación.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) detalló que la juzgadora es suegra del abogado Allan Castro, quien fue mandatario judicial de la exvicegobernante.
En ese sentido, el MP busca que se designe a otro funcionario judicial para conocer la etapa de debate del referido caso.
Castellanos ya había pedido que se le permitiera dejar el proceso con el mismo argumento que ahora presenta la Fiscalía, pero la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo le dijo que no.
Según la judicatura, no se pudo acreditar el vínculo familiar entre la jueza y el profesional del derecho, así como el de este con Baldetti.
La exvicepresidenta había solicitado que no se aceptara la excusa de Castellanos.
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Señalada por el MP
La FECI señaló a la jueza como una de las personas que habría negociado con el empresario Gustavo Alejos para ocupar una magistratura en el Organismo Judicial (OJ).
Ella no pudo pasar el último filtro de la comisión de postulación para magistrados de las Salas de Apelaciones del período 2019-2024.
Además, la jurista también compite por ocupar una magistratura en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el período 2020-2026.
Figura en el listado de 20 candidatos del cual el Congreso elegirá a cinco magistrados titulares y a cinco suplentes.
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